EL caso del juez Rafael Tirado, pendiente de sanción por no ejecutar una sentencia que hubiera encarcelado al presunto asesino posterior de la niña Mari Luz Cortés, va a ser el detonante de una rebelión como nunca ha vivido la Justicia en España. Ni siquiera la movilización de funcionarios del año pasado alcanzó la dimensión de la que se prepara para el martes próximo. Lógico: aquélla era puramente reivindicativa, la de ahora cuestiona la política de los gobernantes y se dirige a la práctica misma de la función judicial.

En el caso que nos ocupa sendas demandas de carácter corporativo desembocan, por la fuerza de los hechos, en una especie de huelga general de protesta contra la situación de la Administración de Justicia, que deja mucho que desear (la situación, no la huelga). Los secretarios judiciales han llamado a la huelga sin subterfugios -es decir, con descuento en la nómina del mes- en solidaridad con su compañera del juzgado de Tirado, sancionada con dos años de suspensión por el Ministerio por el retraso en la ejecución de la sentencia que pesaba sobre el pederasta. Los jueces, por su parte, hacen materialmente huelga, pero sin decirlo, al convocar el mismo día juntas de jueces en todas partes, para mostrar su rechazo a las injerencias del Gobierno en el Consejo del Poder Judicial, también en relación con el caso Tirado.

Unos, los secretarios, se rebelan porque estiman exagerada la sanción a la secretaria judicial frente a la multa de 1.500 euros que el anterior Consejo impuso a Tirado, mientras que otros, los jueces, se rebelan preventivamente, para que el nuevo Consejo no aumente el castigo a su compañero por las presiones de la vicepresidenta De la Vega, el ministro Bermejo y, en el ámbito andaluz, la consejera Naranjo. Es curioso que en estas convocatorias paralelas están jugando un papel fundamental las nuevas tecnologías de la comunicación, algo cuyo uso deficiente y fragmentario denuncian unos y otros como una de las razones de la obsolescencia y rancidez de la Administración de Justicia actual.

En realidad, por caminos distintos y no necesariamente complementarios, secretarios y jueces, a los que se podrían sumar otros funcionarios, han llegado a la misma conclusión: ni el juez Tirado ni la secretaria de su juzgado pueden ser los chivos expiatorios sacrificados por el Gobierno y la Junta para dejar en la penumbra su propia responsabilidad en el colapso judicial que padecemos. La tienen, uno y otra, sin duda alguna, aunque es lástima que para levantarse en exigencia de la misma jueces y secretarios pretendan exculpar a sus compañeros, que han fallado en el caso Mari Luz. Una cosa no quita la otra. La rebelión tendría que ser por una Justicia eficaz y diligente, no tanto por espíritu de cuerpo.

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