La esquina

josé / aguilar

La juez Alaya y los aforados

CUANDO la instrucción de las causas penales corra a cargo de la Fiscalía -ocurrirá tras la reforma prevista- no habrá necesidad de que los fiscales del caso ERE pidan a la juez Alaya lo que le pidieron ayer: que eleve al Tribunal Supremo la investigación referida a los políticos aforados. Simplemente la elevarán ellos mismos.

A diferencia de Mercedes Alaya, a la que conoce todo el mundo, a los dos miembros de la Fiscalía Anticorrupción que entienden de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos y las ayudas directas a empresas igualmente irregulares no los conoce nadie. Hagan la prueba: ¿a ustedes les suenan de algo dos acusadores públicos llamados Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández? ¿A que no? Pues están llevando la acusación del caso de los ERE con firmeza, dedicación y discreción.

Acaban de solicitarle a la juez que la parte de su investigación que afecta a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a cinco ex consejeros de la Junta que trabajaron a las órdenes de aquéllos sea remitida para su consideración al órgano jurisdiccional competente "atendiendo a la calidad del fuero de las personas reseñadas". El fuero que cobija a estas personas nace de su condición de diputados o senadores e implica que si en la instrucción de un sumario aparecen indicios delictivos por parte de estas personas deberán ser remitidos al Supremo y, en su caso, llamados a declarar y ser juzgados por el alto tribunal. Y por ningún otro.

La falta de sintonía entre la juez y los fiscales, que ha sido una constante en la instrucción, alcanza ahora cierto grado de perentoriedad y ruptura. Los fiscales creen que la instrucción posible desde el juzgado sobre estos siete aforados está agotada -y debe, en consecuencia, mandarse hacia arriba- y que Alaya ha de dividir la macrocausa en tres piezas: la implicación de los aforados, a abandonar enseguida, y la concesión de ayudas y el cobro de sobrecomisiones, a las que se tendría que dedicar, y agilizar.

Para mí que Mercedes Alaya no va a hacer caso del requerimiento, que habrá de ventilarse en instancias superiores. Sea por su condición estelar, sea por su convicción de que en los ERE hubo una trama perfectamente organizada en cuya cúspide estaba el poder político al máximo nivel -las dos hipótesis no son incompatibles-, en lo último que está pensando la juez es en inhibirse y soltar a los aforados.

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