LA posición del Gobierno ha sido siempre la misma", ha dicho en Bilbao la vicepresidenta Fernández de la Vega refiriéndose a la ilegalización del PC de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca. ¿Nos toma por tontos, doña María Teresa? Más bien, por olvidadizos.

La posición del Gobierno sobre la ilegalización de los disfraces de Batasuna ha cambiado, y mucho. Afortunadamente. No ya durante la famosa tregua de ETA, sino incluso después de su ruptura, el Ejecutivo de Zapatero -embaucado o autoembaucado, que cada cuál elija- ha mareado la perdiz con la esperanza vacua de que el mundo del radicalismo abertzale se desprendiese de la tutela etarra y se incorporase a la vida política democrática como un partido más.

Que PCTV y ANV no son partidos como los demás ha sido un secreto a voces del que el Gobierno no se ha querido enterar. No se ha enterado hasta que ETA no ha conseguido al fin volver a matar (a dos guardias civiles en misión antiterrorista en Francia). Desde entonces se sabía que ninguna de las dos tapaderas de Batasuna iba a poder presentarse a las elecciones generales. Sólo se desconocía cuándo se iniciaría el proceso ilegalizador. Según el Gobierno, cuando estuvieran completos los informes de las Fuerzas de Seguridad acerca de las relaciones de ambas con la compañía matriz (Batasuna), submatriz a su vez de la verdadera empresa dirigente de todo ese conglomerado (ETA). Casualmente los informes han estado listos a la vez que el estallido de la crisis financiera.

El juez Baltasar Garzón recibió ayer los informes de la Policía (285 folios) y la Guardia Civil (125 folios), más los anexos correspondientes, que detallan los vínculos de PCTV y ANV con Batasuna. Son muchos los folios y muchos los vínculos. Por ejemplo, el grupo parlamentario del PCTV ha mantenido en nómina a veintitantos miembros de Batasuna y otros colectivos afines; la dirección de ANV daba cuentas periódicamente a Marije Fullaondo, miembro de ETA y Batasuna, hasta su encarcelamiento, o la alcaldesa de Hernani, durante la presentación de las imposibles candidaturas de ANV al Congreso, pidió, y logró, una ovación para los dos presuntos etarras detenidos últimamente, uno de los cuales se ha declarado autor del bombazo criminal del aeropuerto de Barajas. No se limitó a no condenar un atentado, que es lo que los partidarios de no ilegalizar a nadie esgrimen como motivo insuficiente, sino que lo jaleó.

Garzón ha citado a los representantes de PCTV y ANV los días 4 y 5 de febrero, trámite previo a la suspensión de actividades de ambas organizaciones, mientras la Fiscalía General del Estado promueve su ilegalización definitiva. ¿Qué otra cosa se puede hacer?

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