La esquina

La mano dura de Rubalcaba

SI un ministro del Interior del Gobierno Aznar -un suponer, Ángel Acebes- hubiera propuesto mano dura contra la inmigración irregular, le habrían montado una pajarraca de padre y muy señor mío. Le hubieran descalificado por xenófobo, racista e incluso fascista. No hace falta remontarse tanto: en la última campaña electoral, cuando Mariano Rajoy propuso el llamado contrato de integración para los inmigrantes, le dijeron expresamente que eso era "humo con tufo de xenofobia".

¿Y quién se lo dijo? Pues el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. El mismo que acaba de anunciar que el Gobierno ampliará de 40 a 60 días el plazo en que los sin papeles llegados a España pueden permanecer retenidos mientras se tramita su expulsión. El mismo que copia al milímetro los argumentos de la derecha: si no se repatría a los irregulares, se potencia a las mafias de la inmigración y no habrá quien pare la avalancha. El efecto llamada vuelve, pues, de la mano de quienes lo negaban antes con rotundidad e indignación.

El portavoz de Inmigración del Partido Popular, Rafael Hernando, ha aprovechado el cambio para ironizar a costa de Rubalcaba y ha subrayado que 40 días de internamiento ya son suficientes para identificar y repatriar a los desdichados pasajeros de pateras, cayucos y vuelos transoceánicos. La izquierda defiende lo que defendía la derecha y la derecha lo que defendía la izquierda. El mundo al revés, aparentemente.

La realidad es que combatir la inmigración ilegal resulta ya tan importante como integrar a la inmigración legal. Y la experiencia demuestra que los cuarenta días del actual proceso de repatriación son muchas veces insuficientes. Los sin papeles subsaharianos, por ejemplo, no vienen documentados, se niegan a identificarse y proceden de países con los que no hay tratados de extradición o, si lo hay, no son muy ágiles en enviar delegaciones identificatoria, si es que deciden enviarlas. Además, existe un problema previo. Si los centros de internamiento a los que son remitidos los irregulares por el juez se encuentran desbordados -lo que ocurre con frecuencia-, lo más que se puede hacer con ellos es endosarles una orden de expulsión y mandarlos a la calle. De la calle, y en esa situación, es fácil que pasen directamente a ser explotados en la economía sumergida o a la delincuencia. Ése es el panorama.

En fin, después de muchas vueltas y revueltas, la política europea sobre la inmigración va camino de homogeneizarse, independientemente del color político de los gobernantes. La diferencia entre Zapatero y Berlusconi terminará siendo una cuestión de grados en el rechazo. O de meses para tramitar la expulsión, según se mire.

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