PARCIALMENTE parcheado -permitan la redundancia- nuestro rescate bancario con "condicionalidad" e intervención externas, el problema externo se traslada al interior del país: un problema de dura negociación donde lo que predominan son los intereses contrapuestos, o, si lo prefieren, los intereses comunes quedan postergados por la enorme variedad competencial de nuestra Administración. Lo cual es esencialmente problemático en la poliédrica, complejísima y muy peculiar realidad llamada España. Dudo de que la complicación de Grecia e Irlanda a la hora de tomar decisiones nacionales sea comparable a la nuestra, y ni siquiera la italiana, que no debió pagar la pleitesía -bendita pleitesía en no pocos asuntos- del Estado autonómico y el café para todos para desbloquear la posibilidad de la democracia. Una vez que el Gobierno ha conseguido liberar la ayuda europea a la banca fallida y nacionalizada (a cambio de tomar medidas contrarias a su programa, con todo el dolor de su corazón, reconociendo su impotencia ante la necesidad, en fin, un panorama que mueve a la piedad y hasta a ofrecerle el hombro al Gabinete al completo para que se desahogue), toca ahora resolver el problema fiscal básico: la falta de ingresos fiscales, o el gasto insoportable. Y en eso llegó Montoro.

Montoro salta a la cancha a suplir ante la opinión pública al agotado y quizá seriamente lesionado De Guindos. Montoro es el fontanero doméstico; De Guindos era nuestro perfil exportable, la cara vendible (es una metáfora) en el exterior. Montoro es un político de notable trayectoria y formación, además de un auténtico hombre de partido. Y sin embargo se ha comportado extemporánea y torpemente en el Parlamento defendiendo el paquetazo de medidas -"ella no quería, señoría", que hubiera dicho Martes y Trece- anunciadas en versión vaselínica por Rajoy la semana anterior. Porque es torpe decir que "no hay dinero en la arcas públicas"; así, sin más, poniendo más histérica todavía a la prima de riesgo. Eso no se hace, ministro, precisamente porque usted es ministro de Hacienda y Administraciones Pública. El demiurgo del presupuesto, el árbitro y fiscal de los gastos y los ingresos de las autonomías. Porque ahí está la clave: recordemos que alrededor de un 60% del gasto público se dedica a educación y sanidad, competencias transferidas en todas las comunidades autónomas.

Sucede que los intereses de Madrid poco tienen que ver con los de Cataluña, o quizá sí: son contrarios; sucede que Cataluña va a lo suyo pero tiene más razón que una santa cuando dice que el "café para todos" contenía monstruos azucarados; sucede que el País Vasco se siente apurado por este debate, ya que ellos tienen un priviliegio fiscal que para sí quiere Cataluña; sucede que Andalucía es una comunidad autónoma del otro bando, y es intolerable que por ello se la trate con mayor dureza y amenazas (a este respecto, también es intolerable la negación de nuestro derecho a la autonomía por parte del algo enloquecido Duran Lleida, con lo que prometía ese hombre). Resulta también que no pocas comunidades devolverían con alivio a Madrid gran carga competencial. Ocurre, en fin, que hay mucho puesto de trabajo y mucho coche y mucho asesor y tarjeta y escolta, con lo que esas cosas ponen..., y esas prerrogativas, ese poder y esa estructura montada no es fácil de devolver ni desmontar. Ojo: una buena administración autonómica con su debida dotación de personal es inherente a la gobernabilidad y la democracia en este país. La clave en esta otra negociación de vuelta al interior es no aprovechar la urgencia y el estado de excepción financiero para desmontar el máximo posible de poder transferido a las regiones. La clave, dicho de otra forma, es no asfixiar a las autonomías aprovechando que el Spree pasa por Berlín. Aun así, las autonomías deben comprometerse a un extraordinario esfuerzo de eficiencia en el uso y gasto de los recursos, dado que el momento es extraordinario.