LA realidad suele ser tozuda, mucho más que las ensoñaciones. Por eso el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, parece haberse plegado a la necesidad perentoria de financiación que la gobernación real de su autonomía le exige frente a artificios electorales soberanistas. En las últimas semanas, el líder de CiU y del Ejecutivo catalán han empezado a asumir de veras el descalabro de las votaciones anticipadas que lo dejaron no sólo muy lejos de la mayoría excepcional que reclamaba sino en una situación política más precaria que en la legislatura anterior. Es en ese contexto en el que se explica la cita "discreta" que ha mantenido con el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, en el que el nuevo modelo de financiación que ha de implementarse a partir del próximo año ha estado muy presente. La propia interpretación hecha desde La Moncloa de que Mas ha virado hacia la sensatez lo demuestra. Cataluña reclama un modelo financiero para su autonomía que le permita sostener los servicios de manera más holgada a la que ahora tiene y que ha obligado a hacer fuertes recortes y parece dispuesta centrarse en ese objetivo y dejar de lado otras aspiraciones independentistas que chocan frontalmente con la legalidad, incluyendo la consulta soberanista. Es cierto que el modelo de financiación vigente concluye en diciembre su periodo de vigencia y que estamos en el momento de negociar un nuevo marco. Y el giro catalán puede ser un desafío, un riesgo para Andalucía. Si el nacionalismo apuesta por financiación a cambio de renuncia al soberanismo lo respetamos, pero con el límite de que no se puede pagar con privilegios sobre otros territorios. Alguna de las propuestas que ya suenan -como la que defiende a título personal el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, de basar el nuevo modelo en la cesión total del IRPF a cada comunidad y dejar los impuestos estatales como el de Sociedades y el IVA sólo para el Estado- serían muy perjudiciales para el equilibrio territorial y, en concreto, para los intereses de los andaluces. Tres decenios después de conseguir la autonomía plena, el debate territorial sigue girando una y otra vez en torno a la misma espiral: el intento de las comunidades con nacionalismos políticamente articulados de lograr privilegios respecto a otras. Andalucía, como en los años 80 del siglo pasado, está en la obligación de contrapesar ese modelo para conseguir que sea justo, permita prestar los servicios de manera eficiente y, sobre todo, garantice los mismos derechos a todos los españoles residan donde residan. El Gobierno bipartito de la Junta tiene ahí uno de sus principales retos políticos para este año.

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