La tribuna

Jaime Martinez Montero

Sobre el pacto escolar

ESTAMOS en vísperas de que se alumbre o no el pacto escolar. No quiero trasladarles mis impresiones, pero sí algunas consideraciones sobre el contenido del mismo. No es fácil pronunciarse en tan poco espacio sobre algo tan extenso, pues abarca desde las guarderías hasta las universidades, aunque sí me quiero fijar en dos aspectos en los que se agudizan las discrepancias entre PP y PSOE: el derecho a elegir y el problema del acortamiento de la ESO.

Respecto a la libertad de elección de centro, no creo que siempre se haya entendido correctamente. Sin entrar en honduras, su significado va más en el sentido de ordenar el acceso a unos u otros tipos de centros, ya existentes, que a que el Estado tenga que sufragar, a la carta, tantos centros diferentes como puedan desear los ciudadanos. Este segundo supuesto, de ser el defendido por el PP, supondría un derroche económico que no casaría con su conocida doctrina de austeridad, pues supondría que se tendrían que ampliar o erigir nuevos centros, al mismo tiempo que otros quedarían vacíos o les sobrarían plazas.

Ni creo que el país esté para tales alegrías, ni hay detrás soporte moral que justifique esa posición. Me explico. Cuando se arguye que por qué se tienen que aguantar los padres con un mal producto educativo si en otras instituciones escolares se imparte con más calidad, se obvia lo fundamental. Si esta es la razón de fondo, lo que hay que solucionar es el mal servicio que se presta en los colegios no queridos. ¿Es que no le cuestan a la sociedad lo mismo o más que los demás? ¿Es que los alumnos que a ellos asisten son de otra pasta? O, expresado de otra forma, ¿es que el derecho a ser educado de un joven ciudadano admite grados en función de lo que se preocupen por los mismos sus padres? ¿Decae o disminuye la obligación del Estado de garantizar la calidad del servicio educativo si los padres no la reclaman?

Vamos a ser claros. En primer lugar, si no se igualan los niveles de prestación de servicios de unas u otras redes escolares, se falsea el principio de libre elección. ¿Qué elección hay si de la mercancía que se ofrece para elegir, una de las alternativas está descuidada, sucia y dejada a su albur, y la otra presenta una magnífica apariencia, está atildada, cuidada y apetecible? Y en segundo lugar, con niveles de rendimiento similares, el no poder conseguir el centro deseado se podrá vivir como una pequeña contrariedad, pero no como algo terrible e irremediable. Por eso, las posturas de los dos partidos deberían coincidir en los resultados finales: la elevación del nivel de calidad del sistema público. Para el PSOE, porque es la desembocadura lógica de su ideología, y para el PP por cuanto se eleva la calidad de la elección al optar entre dos servicios muy competentes.

Respecto a si la ESO debe durar tres o cuatro años, o si Bachillerato o FP deben ampliar su duración o quedarse como están, no está de más fijarnos en algunos detalles que pueden cambiar la perspectiva del dilema. Algo conozco los institutos, y desde hace tiempo, a partir de Tercero y, sobre todo, en Cuarto, gracias al juego de optativas los centros dividen a los alumnos en itinerarios claramente separados en función de las expectativas que tengan y del rendimiento de los mismos. O sea, que hay separación, pero eso sí, subterránea, sin reglar, dejada al azar de cada instituto. Si se opta por la vía de los dos itinerarios (FP o Bachillerato), ¿no es una forma vergonzante de adelantar el comienzo de ambos niveles?

Con el recorte de la ESO en un año no sé por qué ha de disminuir la calidad democrática de nuestro sistema educativo. Por el contrario, manteniendo la comprensividad hasta los quince años seguimos entre los pioneros de Europa. A ver si ahora va a resultar que alemanes, suizos, franceses, belgas, holandeses, italianos, austriacos, ingleses, etc., son menos democráticos que nosotros y tienen unos sistemas escolares altamente discriminatorios. Porque vamos a dejarnos de cuentos. El valor del sistema escolar no consiste en la belleza de las proclamas que lo dicen sustentar, o en lo democráticos, justos y deseables que socialmente sean los principios en los que se apoya. No. Esto no es suficiente. El valor del sistema escolar radica en los frutos que consigue, en el provecho que obtienen los alumnos del mismo, en el grado en que consigue promoción social y un alto nivel de formación en todos los estamentos de la población. ¿De qué vale fijarle a la escuela tan elevados y loables fines si una parte importante de la población no los alcanza y casi un tercio de la misma se escapa antes de que se acabe?

Las personas no deben ser esclavas de las leyes, pero la sociedad, a través de sus instituciones, no puede renunciar al poder transformador y de mejora que las mismas deben tener. Confiemos en el pacto y no perdamos una de las grandes esperanzas que tiene el hombre, como recordaba Thomas Mann: que cuando las cosas vayan mal, no le vayan a ir peor.

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