LA Junta de Andalucía haciéndose eco, supongo, de la sensibilidad de la mayoría de los andaluces, ha manifestado claramente su oposición a las aspiraciones catalanas de dotarse de un concierto fiscal similar al de vascos y navarros. Ha sido también la reacción general en el resto de las fuerzas políticas de la comunidad y tengo la impresión de que también en el resto de las comunidades de régimen común. No sólo es lógico exigir del sistema fiscal que sea neutral desde un punto de vista territorial, es decir, que no discrimine por razones de nacimiento ni residencia, sino también, y sobre todo, que no concentre los privilegios en aquellas comunidades que disfrutan de los mayores niveles de bienestar. La defensa de esta postura desde el PSOE andaluz ha venido acompañada de un morbo especial porque ha dado lugar a un agrio enfrenamiento con el PSC que, a través de su secretario general y fracasado candidato en las pasadas elecciones, Pere Navarro, vino a exigir a Griñán que se ocupe de los asuntos de los andaluces y que les dejen a ellos los de los catalanes. También ha sido muy airada la reacción de la Generalitat que, a través de su portavoz, Francesc Homs, se ha mostrado indignada por lo que ha calificado como falsedades y discursos incendiarios basados en mentiras. Demasiada carga emocional e intereses políticos en juego como para aspirar a que la disputa se resuelva por los cauces de la racionalidad, a pesar de lo cual convendría poner sobre algunos asuntos que, al menos desde la defensa de los intereses de Andalucía, no pueden ser ignorados.

El primero es que los grandes trazos del actual sistema de financiación autonómica surge del acuerdo entre Zapatero y Mas, por entonces en la oposición, en enero de 2004 para desatascar la reforma del estatuto y el espinoso tema de la inclusión del término nación en el preámbulo. El entonces presidente del Gobierno aceptó las exigencias del líder catalán para elevar los porcentajes de participación en IRPF, IVA e impuestos especiales hasta niveles que deberían aproximar a las finanzas públicas catalanas a un nivel de autonomía plena. Las posteriores modificaciones no afectaron en lo sustancial del modelo, aunque las previsiones de Mas no llegaron a cumplirse por la caída en la recaudación. Las otras comunidades se vieron obligadas a adaptar sus aspiraciones al acuerdo ya fijado, aunque en un disparatado marco de negociación bilateral en el que cada una pudo encontrar satisfacción a base de compensaciones puntuales y ajenas a los fundamentos del modelo.

El segundo, que la pretendida intromisión del presidente Griñán en los asuntos catalanes está plenamente justificada porque la concesión de un concierto fiscal a Cataluña perjudica directamente a los intereses de los andaluces. La aplicación del vigente acuerdo de financiación autonómica ha proporcionado resultados injustos en general y particularmente adversos para Andalucía, lo que significa que nuestra comunidad debería estar especialmente vigilante de que las reformas que se introduzcan no conduzcan a empeorar su situación. Que Cataluña resulte un contribuyente neto al sistema no sólo es razonable, sino también exigible, puesto que sus ciudadanos disfrutan de mayores niveles de bienestar que la media, de la misma forma que Andalucía debe ser receptora, exactamente por lo contrario.

Andalucía debe, por tanto, defender un modelo de financiación más justo y equitativo, pero también un cambio radical en el modelo de relaciones entre comunidades autónomas y el Estado. Debe exigir el abandono definitivo de la negociación bilateral en aquellas cuestiones que afecten a los intereses del conjunto de las comunidades autónomas y el reforzamiento de los mecanismos de discusión multilateral. La razón es sencilla y tiene que ver con las ventajas del primer negociador, que pudieron apreciarse en el acuerdo de 2004 entre Zapatero y Mas. Una vez definido un marco satisfactorio para sus intereses, el resto no tuvo más remedio que aparentar una encendida reclamación de trato igualitario, aunque en el fondo no se tratase más que de una fachada de dignidad útil para la ratificación general de un pacto adaptado a los intereses de Cataluña.

Otras fuerzas políticas también han decidido jugar sus cartas en el terreno de los conciertos fiscales. Lo acaba de hacer el BNG en las pasadas elecciones gallegas, aunque con la trampa de reclamar para Galicia la totalidad de los impuestos pagados en España por empresas como Inditex, Fenosa o Citroën. Lo cierto es que el sistema debe ser urgentemente reformado y es razonable que cada cual busque el mejor acomodo para sus intereses. Andalucía tiene que plantar cara en la defensa de un sistema equitativo y solidario y, en este sentido, sería incluso razonable intentar liderar una iniciativa para encontrar una alternativa política al esperpento de los conciertos fiscales en País Vasco y Navarra. A fin de cuentas sólo se trata de promover un sistema más justo que el actual, cosa que ya hicimos, y con éxito, hace 35 años. Justo un 4 de diciembre.