la esquina

José Aguilar

Todos pringados

LA trama de corrupción política que se está desarticulando estos días en Galicia en la llamada operación Pokemon tiene una característica propia: la transversalidad. Hay veintitantos implicados, entre directivos empresariales y cargos públicos pertenecientes a los tres partidos parlamentarios gallegos (PP, PSOE y el nacionalista Bloque).

No es normal un caso de corrupción digamos universal. Habitualmente las empresas corruptoras vinculan sus cohechos a una sola organización política con cuyos líderes y representantes públicos establecen estrechas relaciones de compra de favores a cambio de dinero, viajes y regalos. En Galicia el grupo de empresas Vendex no le ha hecho ascos a ningún partido. El negocio es el negocio y el dinero carece de ideología. Lo cual confiere a la instrucción judicial y la investigación policial una solidez a prueba de bombas partidistas. Nadie puede decir que es víctima de una persecución política en vísperas de las elecciones autonómicas del día 21. Los perjudicados serían los tres partidos concurrentes.

Vendex tiene treinta sociedades filiales que se dedican a la prestación de toda clase de servicios. Lo mismo se encargan de la limpieza de colegios y pabellones deportivos que gestionan guarderías, realizan labores de ayuda a domicilio, recogen la basura o controlan el aparcamiento rotatorio de distintos pueblos y ciudades de la región, entre ellos Orense, Santiago y Lugo. Después de dos años de pesquisas, pinchazos telefónicos, vídeos, fotografías y seguimientos, la Agencia Tributaria cree disponer de pruebas suficientes del modus operandi de los sobornadores y de los sobornados. Que es más simple que un yoyó: alcaldes, concejales y otros cargos públicos adjudicaban contratos y aprobaban concesiones a Vendex y Vendex los gratificaba con comisiones -que en ocasiones se remitían, en metálico, por mensajería urgente-, relojes Rolex, joyas, pañuelos de lujo y vinos de precios prohibitivos (¡quién se iba a vender por un tintorro!).

El más relevante político imputado y en libertad bajo fianza es el alcalde de Orense, Francisco Rodríguez. Entre las protestas de inocencia de rigor, Rodríguez ha intentado, inútilmente, seguir con la vara de mando de la ciudad a pesar de que su propio partido -socialista- le exigía la dimisión y el BNG, con el que gobernaba en coalición, le había retirado su apoyo. Se debía a los ciudadanos, que es lo que se suele decir cuando a uno lo pillan en falta y no quiere dejar el sillón ni con agua caliente. Uno de los concejales del Bloque se distinguió en la presión para lograr que dimitiera. Es el mismo -tremendo cínico- que ha sido también detenido días después, y por la misma causa. La pringue reúne a lo mejorcito de cada casa.

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