Francisco Jiménez Ortega

El rastro 'negro' del amianto en Sevilla

EL amianto ha envenenado a trabajadores, familiares y vecinos de las fábricas. En Sevilla, el polvo del amianto salía de Uralita por los extractores y contaminaba los alrededores. Los residuos del amianto se transportaban en camiones sin tapar hasta un vertedero a cielo abierto junto al barrio Fuente del Rey, donde la gente, ignorante del peligro, se llevaba los restos para reparar los baches de las calles.

El polvo asesino estaba por todo el suelo y llegaba a nuestras casas en la ropa. Viajaba a muchas partes. El viento ayudaba a expandirlo y mucha gente no trabajadora de Uralita lo respiraba. Según mis recuerdos, en los alrededores de la fábrica de Uralita había un colegio. Aquellos niños y maestros son candidatos a contraer la enfermedad mortal. Enfrente había una gasolinera y paraba mucha gente. Sus trabajadores pueden estar contaminados y seguro que algunos de los que pararon por allí un día de viento.

Junto a Uralita había una fábrica de productos metalúrgicos (SACA) y un almacén de aceitunas (Trueba y Pardo). Cerca estaban la carretera de Dos Hermanas y las barriadas de Fuente del Rey y Bellavista. Los vecinos de esta barriada (ya han salido algunos casos) y todos los que pisaron esas calles pueden estar contaminados, especialmente los niños que muchas veces jugaban en los montones de tierras y residuos del amianto. También se llevaba material para relleno a los terrenos alrededor de los cuarteles de Pineda.

En la carretera había varias ventas: Isidoro, del Condado, Marcelino, de Vega, Los 48 y también viviendas diseminadas. Todo fueron facilidades para su expansión. Los responsables de su uso conocían sus propiedades y, sin tener escrúpulo alguno, no hicieron nada para avisar, prevenir o evitar la contaminación obviando el daño que podrían producir a las personas.

Todo esto pasaba en Sevilla en los años 60, cuando desde 1935 se conocían los efectos del asbesto del amianto ¿Es o no es un crimen? ¿No habría que tratar a esos empresarios como criminales? Es cierto que gracias a las reivindicaciones sindicales en Uralita se fueron adoptando medidas de seguridad laboral, pero fue tarde.

La historia de Uralita es exageradamente escandalosa y resulta muy doloroso comprobar lo poco que se ha hecho justicia con muchas personas inocentes que han sido condenadas a una enfermedad que les llevará a la muerte y les privará de una vejez tranquila.

Algunos médicos llegaron a decir a los trabajadores afectados que sus problemas de salud derivaban del alto consumo de tabaco y alcohol. ¡Qué infamia! Menos mal que no toda la clase médica se ha comportado igual.

Pero aún no se han dicho algunas cosas que todos deben saber, especialmente de Uralita de Sevilla. Ramón del Valle Inclán decía: "En España a quien roba una montaña le ponen una medalla y a quien roba pan le dan garrote". Es lo que ha pasado en Sevilla: los dueños de la fábrica se han enriquecido durante años produciendo con amianto y posteriormente vendiendo los terrenos de sus fábricas para el negocio inmobiliario por cantidades millonarias con la colaboración del Ayuntamiento. Por el contrario, un importante número de trabajadores, familiares y vecinos de la fábrica se quedan con una condena a muerte temprana y sufrida, además sin reconocimiento de su enfermedad como laboral o, ahora, con una indemnización tardía y nada millonaria. Algunos han muerto ya, demasiado tarde para ellos. Uralita en Sevilla vendió los terrenos por más de 2.000 millones y allí se han construido cientos de viviendas.

En general, la Justicia española está siendo lenta y torpe. En Sevilla hay que destacar a abogados como don Manuel González de la Fuente y doña María José González Haro, que trabaja con la asociación Avida; a médicos como el doctor Rodríguez Panadero y el doctor Montemayor, y el equipo de Neumología del hospital de Valme, que han dado la cara y se han implicado con los trabajadores en buscar Justicia. Sin embargo, ahora algunos casos los están ganando bufetes de abogados venidos de otros países (Chile), al parecer más rápidos y eficientes.

En el caso de Sevilla, cuando se detiene la producción en Uralita, los dueños se van de rositas, aumentando sus riquezas. Lamentablemente las mayores trabas las han puesto en contra de los trabajadores determinados médicos de empresa y magistrados que han negado la realidad criminal del amianto. ¡Es una vergüenza!.

En Sevilla, con Uralita se ha actuado muy mal. Se podía haber hecho muchísimo más, pero se ha mirado a otro lado porque ¿qué han hecho personas como Felipe González Márquez, abogado de los trabajadores de Uralita en los años 60-70, posteriormente presidente del Gobierno de España; Enrique Martínez Lagares, trabajador administrativo de Uralita, posteriormente secretario provincial de la Unión General de Trabajadores y delegado de Trabajo; Julio Ruiz, trabajador de Uralita, posteriormente secretario provincial de Comisiones Obreras; Alonso Balosa, vecino de Bellavista que posteriormente fue adjunto del Defensor del Pueblo Andaluz; y Ángel López, dirigente de UGT?.

Estas personas estaban capacitadas para valorar la situación y han tenido cargos para tomar alguna iniciativa o simplemente apoyar las que han tomado personas o grupos. En julio de 1988 propuse al Defensor del Pueblo que se aplicara la Ley de los Mineros a los trabajadores de Uralita, para dar una solución digna a los trabajadores afectados, pero se quedó sin apoyo de los partidos políticos. En Francia todos los gastos derivados de las indemnizaciones y la retirada del amianto se pagan a partes iguales, entre el Gobierno y las empresas.

La situación actual del amianto en España es muy distinta a la de hace algunos años, pero se está tardando demasiado en llevar las cosas a su sitio. En 2002 entra en vigor la prohibición del uso y comercialización del amianto. También ha habido mucha ignorancia entre los trabajadores. En los años 70 muchos no querían saber nada de los peligros del amianto y estaban dispuestos a trabajar en las condiciones que se dictaban por la dirección y los encargados de la fábrica.

El 16 de marzo de 1977, los enlaces sindicales de CCOO pretendíamos informar a los trabajadores de que era muy venenoso y que teníamos que exigir a la empresa nuestra protección, la de nuestras familias y el entorno. Para entusiasmo de los directivos de la fábrica, la mayoría de los trabajadores, apoyados por la UGT, quisieron lincharnos porque proponíamos exigir las medidas de seguridad que se necesitaban.

Ahora muchos de esos trabajadores están presentes en las demandas y quieren un reconocimiento y una compensación. ¿Habrán pensado ellos qué sentimos nosotros, los que desde aquel año estamos denunciando el magnicidio del amianto?

Se dice que el tiempo da la razón, pero en este caso no podemos dar más tiempo para que se imponga. Como trabajador de Uralita, el objetivo no puede ser sólo conseguir una indemnización para cada uno. Tan importante o más es conseguir erradicar el amianto, condenarlo por asesino de inocentes, elaborar un plan que contemple hacer un catálogo de construcciones que contengan amianto y un programa para ir completando su retirada y eliminar su existencia. Y lo justo es que todo esto lo paguen los que se enriquecieron a costa del daño causado.

Es necesario y urgente que en los centros de salud se utilice el protocolo sobre el amianto (que existe) y asegurar que lo conocen bien los médicos y especialistas. Pero como el problema del amianto es mundial y se ha extendido, lo verdaderamente adecuado sería crear un Tribunal Internacional para juzgar a los responsables.

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