la tribuna

Eduardo Moyano Estrada

Sobre la reforma de la PAC

ESTAMOS de nuevo ante una reforma de la Política Agraria Común (PAC), pero con algunas peculiaridades respecto a reformas anteriores: coincide con la aprobación de un nuevo escenario financiero de la UE (2014-2020), debe responder a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y ha de ajustarse al procedimiento de codecisión donde el Parlamento asume un papel protagonista que antes no tenía.

Con objeto de contribuir al debate, me permito aportar algunas ideas, destacando ciertos aspectos del actual contexto económico y político, que, sin duda, condicionará la reforma de la PAC. En primer lugar, la existencia de una UE-27, muy diversa y heterogénea, que hará más difícil alcanzar acuerdos sobre la nueva política agraria y rural europea. En segundo lugar, la crisis económica y financiera, que implica restricción del gasto público, eficiencia en la definición de objetivos, y coordinación de los distintos fondos europeos. En tercer lugar, la crisis energética y los efectos ya visibles del cambio climático, que harán necesario aprovechar de manera más racional las fuentes de energía y mejorar la utilización de los recursos naturales (agua, suelo...) en la agricultura buscando modelos agrarios más eficientes.

A ello habría que añadir el contexto de inestabilidad de los mercados de alimentos y de volatilidad de los precios agrícolas, que obliga a la UE a potenciar de nuevo su agricultura, produciendo más y mejor. La UE no puede permitirse estar al margen de los debates sobre la alimentación mundial ni renunciar al relevante papel que ha tenido históricamente en este asunto de tanta importancia política y estratégica.

Moverse en un escenario tan complejo no es tarea fácil, y el desafío de mantener una PAC fuerte, como pretende la Comisión Europea, exige armarse de buenas y convincentes razones, además de realizar propuestas claras y viables. En la última década, a la PAC se le ha exigido demasiados objetivos: económico-productivos, ambientales, sociales y territoriales, todos ellos loables, pero de difícil conciliación en el seno de una política dirigida fundamentalmente a los agricultores. Mucho me temo que ésta será una misión poco menos que imposible en la nueva PAC, ya que no hay dinero para continuar con tan ambicioso propósito.

Por eso creo que, en el actual escenario restrictivo, se debería afrontar la reforma de la PAC con una buena dosis de pragmatismo, limitando el reto de la nueva política a potenciar un sector agroalimentario moderno, competitivo y sostenible, lo que no es poco. Ello justificaría por sí solo ante los ciudadanos la existencia de esta política agraria común sin tener que recurrir, como hasta ahora, a grandes discursos rurales o ambientalistas para legitimarse ante la sociedad. ¿Acaso no es importante misión para la PAC contribuir a la producción de alimentos sanos y de calidad? ¿Acaso no lo es contribuir a generar empleo y riqueza en el medio rural y a vertebrar el territorio a través de los sistemas alimentarios locales? ¿Acaso no sería misión encomiable de la PAC impulsar modelos innovadores de agricultura que ayuden a la lucha contra los efectos del cambio climático y generen nuevas fuentes de energía?

En consonancia con ello, potenciar la dimensión agrícola-productiva debería ser el eje fundamental de la nueva la PAC, reorientando su actual estructura de dos pilares. Debería mantenerse el "primer pilar" para hacer más eficiente el funcionamiento de los mercados, vertebrar la cadena agroalimentaria y garantizar las rentas de determinados grupos de agricultores (sobre todo, los pequeños productores y los situados en áreas con hándicaps estructurales). El sistema de pagos propuesto por la Comisión es un buen punto de partida, si bien habría que incorporar algunos criterios de diferenciación para evitar desigualdades regionales.

Respecto al "segundo pilar", creo que deberían reducirse sus actuales objetivos y centrarse sólo en mejorar las estructuras de las explotaciones agrarias en línea con las nuevas pautas de la modernización (eficiente y sostenible). Las medidas de desarrollo rural y territorial (ubicadas ahora en este segundo pilar) deberían ser financiadas no con los fondos de la PAC, sino con el conjunto de los fondos europeos (incluidos los de cohesión). La PAC no puede, ni debe, cargar sobre sus espaldas la financiación de una política de desarrollo rural que debiera ser tema de interés general de la UE y cuyas acciones son fundamentales para la cohesión social y económica de los territorios.

En definitiva, estamos ante una reforma de la que debería salir una nueva PAC más agraria (pero más eficiente en la utilización de los recursos), y una nueva política de desarrollo rural que, si queremos que despliegue todo su potencial, debe salir de las faldas de la política agraria para buscar acomodo en las políticas de cohesión.

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