Editorial

Hubo más responsables

LA Audiencia Nacional ha rebajado a seis meses la sanción impuesta por el Ministerio de Justicia a la secretaria del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez, por el retraso injustificado en la ejecución de la condena al pederasta Santiago del Valle. Mientras permanecía indebidamente en libertad, Del Valle atacó y asesinó a la niña Mari Luz Cortés en Huelva, en uno de los casos de violencia contra menores que más han conmocionado a la opinión pública. A la vez que el Consejo General del Poder Judicial solventaba la responsabilidad del juez, Rafael Tirado, en la no ejecución del ingreso en la cárcel del pederasta, el Ministerio de Justicia decretó una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo a la secretaria judicial, dependiente del departamento que entonces dirigía Fernández Bermejo. Precisamente en esta diferencia de trato radica la razón por la que la Audiencia Nacional ha atendido el recurso presentado por la funcionaria y le ha dividido por cuatro la suspensión que le había sido dictada. El juzgado central de lo contencioso-administrativo ha subrayado, en efecto, la incongruencia del Ministerio de Justicia: tras admitir que en el hecho de que Santiago del Valle estuviera en la calle porque no se ejecutó durante año y medio la condena que pendía sobre él por otro caso hubo errores compartidos de la secretaria, el propio juez y el Ministerio Fiscal, Justicia sancionó a la primera de modo absolutamente desproporcionado, sin valorar la responsabilidad de las otras instancias. En su momento la sanción a Gálvez provocó la movilización solidaria de numerosos funcionarios judiciales precisamente por esta circunstancia, sobre todo tras conocerse que el Poder Judicial imponía al juez una simple multa, en lo que se entendió como una actuación netamente corporativista y discriminatoria para la secretaria. El caso Mari Luz, aún sin ser juzgado, continúa desvelando nuevas sombras sobre una Administración de Justicia que sigue sin ofrecer garantías de rigor, eficiencia y agilidad. Al menos la Audiencia Nacional ha eliminado la sospecha de que la secretaria Juana Gálvez había sido el chivo expiatorio de un grave error.

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