EL mal trato que le da el Gobierno autonómico al sistema educativo público juega a favor de la Iglesia católica. No sólo por la búsqueda afanosa de plazas en los colegios concertados por padres que están a favor de que las aulas estén expeditas de crucifijos, sino porque quienes permanecen con sus hijos en los colegios públicos, por voluntad o por resignación, empiezan a poner velas y a encomendarse a todo el santoral para que las autoridades paguen las facturas o arreglen las aulas. En Carmona, las familias con alumnos en el Cervantes, el Losada Villasante y el San Blas, han recogido 5.000 firmas exigiendo que, de una vez, se construya el prometido nuevo instituto. Y para protestar con fundamento, muchas madres se reunieron junto al monumento a Santa Ángela en dicha localidad, le pusieron velas y le hicieron una ofrenda al pie de su estatua para rogarle que interceda por el bien de sus hijos, al estar hartos de verlos en aulas y patios que carecen del equipamiento, seguridad e higiene exigibles a día de hoy.

Vergüenza debería darle a más de uno en la Consejería de Educación por dicha ofrenda, pero más aún por admitir lo que sucede en el colegio público Antiguo Padre Manjón, en el distrito Macarena. Las autoridades deberían darle un homenaje y la medalla al mérito educativo a los padres y profesores que están pagando de su bolsillo todos los gastos corrientes y de material para que el colegio cumpla su función diaria. La segunda modernización no consistía en que las familias paguen el botiquín, el papel higiénico y los borradores, y que a los docentes les toque abonar los libros y la fotocopiadora. Unos y otros, en justa reciprocidad, tienen toda la legitimidad para exigirle a la consejera, Teresa Jiménez, y al delegado, Jaime Mougán, que lo paguen de su bolsillo. Así volverán a confiar en la enseñanza pública y no tendrán que ir a ponerle velas a la Macarena ni a cantar villancicos reivindicativos a la puerta del Parlamento.