EN Cataluña están jugando fuerte. El nuevo Gobierno de Artur Mas tiene claro que no va a permitir que ninguna otra caja catalana escape de su control, como ocurrió con Penedés y Laietana. Nadie duda del visto bueno de la Generalitat a la creación de Caixabank, la nueva denominación de Criteria, que recibiría la encomienda de la gestión del negocio bancario y de una parte de su antigua cartera, mientras que la denominación de La Caixa se reservaría para la cabecera del grupo mayoritario, que no cotizará en bolsa y mantendría la gestión del resto de las participaciones industriales. También se intuye el calor de la Generalitat a la aproximación entre Unnim y CatalunyaCaixa, pero sobre todo a la posibilidad de integrar en el paquete al Banco Sabadell con el fin de conseguir para Cataluña la sede social de un gran banco con implantación nacional.

Pero la Generalitat tiene planteamientos más ambiciosos y, según cuentan, están considerando rescatar el proyecto de banco central catalán, aunque en la práctica no suponga mucho más que la creación de una agencia pública con funciones de control sobre las entidades financieras radicadas en aquella comunidad. Supongo que chocará de lleno con el Banco de España, aunque es posible que se conformen con la posibilidad de filtrar cualquier movimiento estratégico entre instituciones de crédito catalanas, cuyas preferencias podrían no ser coincidentes con las del nuevo Gobierno en materia de planes de futuro. La cuestión de fondo, sin embargo, es que en Cataluña sí que consideran importante que las cajas catalanas sigan estando allí y formando parte del núcleo duro de su economía. También debe ser lo que han pensado en Galicia, País Vasco o Castilla y León, dónde seguramente valoran la importancia de la obra social, la proximidad de un operador financiero cuyo futuro esté ligado al de la economía del entorno y, por lo tanto, proclive a comprometerse con proyectos innovadores a medio y largo plazo. Supongo que también conceden importancia a las actividades que desarrollan las propias entidades o sus filiales y que pueden ser tan variopintas como el mantenimiento de servicios de estudio, laboratorios de investigación científica, instituciones sanitarias y educativas, programas de asistencia social o el apoyo a actividades deportivas del máximo nivel.

Esto es lo más visible de lo que probablemente desaparecerá con el proyecto de caja única andaluza, pero que debe satisfacer el planteamiento miope de que a los bancos sólo hay que pedirles que sean ágiles y eficientes en la captación de depósitos y concesión de créditos, independientemente de donde residan. Es la tesis de los que han torpedeado incansablemente el proyecto, quizás olvidando que una autonomía no puede ser sólo autogobierno, estatuto e instituciones público-privadas más o menos ligadas a los nuevos poderes regionales. Mi impresión es que los catalanes han entendido, bastante mejor que los andaluces, que también hacen falta otras cosas. Entre ellas, una base económica lo suficientemente vertebrada como para que el conjunto resulte gobernable y, por lo tanto, tenga sentido.