editorial

Es tarde para reclamar

EL Gobierno andaluz ha decretado una revisión de oficio de las ayudas y subvenciones concedidas de forma directa a empresas de la región durante la primera década del siglo XXI, coincidiendo con la política de ayudas a las plantillas de empresas afectadas por expedientes de regulación de empleo (ERE) que han provocado el mayor escándalo de corrupción en torno a la Junta de Andalucía. El Ejecutivo de Griñán ha concedido un plazo de pocos días a las empresas implicadas para que presenten alegaciones y adjunten la documentación pertinente que justifique la plena legalidad y el uso debido de las subvenciones recibidas. En conjunto se trata de unos setenta millones de euros que fueron otorgados de manera discrecional y sin que las autoridades autonómicas ordenaran el seguimiento y control de su uso por los receptores. De este modo el Gobierno andaluz intenta expresar su preocupación por las irregularidades cometidas en su seno, y centradas en la Consejería de Empleo, complementando así la imagen institucional de colaboración para el esclarecimiento del caso de los ERE. No obstante, la Junta no puede librarse del hecho objetivo de que la política de ayudas a empresas en crisis, a ayuntamientos políticamente afines y a iniciativas económicas de dudosa solvencia fue durante diez años el coto privado de algunos responsables autonómicos y dirigentes políticos, que hicieron caso omiso de las advertencias de la Intervención General sobre la inadecuación del procedimiento para su concesión. Es cierto que el Gobierno autonómico ha investigado a posteriori el alcance de estas irregularidades, una vez que han sido objeto de un proceso judicial, pero la pasividad y la negligencia han estado presentes durante años en la actuación de la Junta al respecto. Los responsables políticos no se han sentido urgidos por los avisos del funcionariado sobre un reparto millonario de fondos públicos que se ha estado haciendo discrecionalmente, sin luz y taquígrafos, y con muchas trampas.

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