EL último comunicado del consejo militar que se ha hecho cargo de Egipto resuelve las principales dudas que se abrieron desde que los generales, movidos por el pueblo, echaron a Hosni Mubarak. Habrá elecciones libres en el plazo de seis meses, tanto presidenciales como legislativas, por lo que esta suerte de dictadura militar se ha puesto su propia fecha de disolución. A la vez, el mariscal Tantawi, constituido en figura máxima de ese consejo, ha anunciado la disolución de las dos cámaras del Parlamento, otra de las peticiones de los revolucionarios de la plaza de Tahrir. Las pasadas elecciones fueron un fraude, de ahí la decisión. Además, los militares han suspendido la Constitución, una carta magna blindada para Mubarak. Queda, por tanto, Egipto ante la senda de una transición democrática, pero fuertemente tutelada por los militares. Ello abre otras dudas, puesto si bien los generales facilitaron las demandas del pueblo, del mismo modo sostuvieron al régimen que ha caído con las manifestaciones pacíficas. El consejo militar no ha suspendido la Ley de Emergencia dictada en 1971, aunque no se descarta que en los próximos días u horas haya nuevos decretos. Así, a base de decretos, se está gobernando el país en estos momentos esperanzadores, pero también inciertos. El primer ministro, Ahmed Shafiz, conoció las decisiones de los militares durante una intervención televisiva, lo que ha ayudado a visualizar cierto bochorno institucional. Sería aconsejable que, cuanto antes, se constituyera un Gobierno provisional y de amplia base política que llevase al país hasta las elecciones de otoño, y que incluso fuera el nuevo Parlamento quien redactase la Constitución para someterla a referéndum. Los militares también han dejado claro que ellos son la representación exterior del país, y que mantienen todos los acuerdos internacionales, lo que da cierta seguridad a Israel, que tenía en el Egipto de Sadat y Mubarak casi su único aliado en el mundo árabe.