CAMPS quiere a toda costa ser candidato a la Presidencia de la Generalitat valenciana. No para ganar; eso se da por descontado. La victoria del candidato que presente el PP allí está tan garantizada como lo estaba aquí en Andalucía en los años 80 la del cabeza de cartel del PSOE. Tan era así, que los socialistas se permitieron presentar tres candidatos distintos entre 1982 y 1990, los tres ganadores por mayoría absoluta. Pues allí, en Levante, a Camps, Barberá o González Pons les pasaría lo mismito el 22 de mayo. No. Lo que Camps quiere es que el pueblo soberano le absuelva.

Nadie se cree que pagara los trajes de Milano. Por eso en su día Cospedal y Barberá dijeron aquello de que todo el mundo hace regalos y los recibe; que ahí está Revilla con sus anchoas. Pues eso, que el señor presidente de la Generalitat, al menos tres personajes de su entorno político íntimo, su señora esposa y su hija han sido víctimas de los halagos y las atenciones de El Bigotes, apoderado de la trama corrupta en Valencia, que consiguió un buen montón de contratos de la Administración autonómica. El asunto que deben dilucidar los jueces es si hay una relación causa efecto entre el cariño interesado de los amiguitos del alma y las facilidades que encontraron en la Generalitat.

El fiscal pide el procesamiento de Camps por cohecho impropio. Y en su auto hace inventario de la munición empleada para seducir al presidente y los suyos. A Camps le regalaron, según el fiscal, doce trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas. Y a tres de sus más directos colaboradores, en el PP valenciano o la Generalitat, 17 trajes, dos abrigos, nueve pantalones, una americana y un chaqué.

Rajoy dice cada vez que le preguntan por el procedimiento contra Camps que no se iba a vender por tres trajes. Pero es que se pone uno a sumar y no son tres tristes trajes. Ni tampoco estamos ante la conspiración que el PP pretendía en febrero de 2009, en vísperas de las elecciones gallegas, cuando Garzón inició la instrucción del caso Gürtel. Ni estamos en un estado policial, como Cospedal sostenía desde Marbella en el verano de 2009. Estamos ante la complacencia de un político con el jefe de una trama corrupta. Ignoro si se trata de cohecho impropio, pero desde luego es una relación impropia.

El fiscal podría ser parcial. Pero en un estado de derecho no es él quien decide, sino un juez. Sin ir más lejos, en el caso Faisán el fiscal pidió el archivo de la causa y un juez minucioso está instruyendo el caso, poniendo en evidencia a la cúpula de Interior. O como en el caso Mercasevilla, en donde la juez ha sido capaz de documentar los casos de falsos eres. Es una grave irresponsabilidad disparar contra el estado de derecho cuando a un dirigente de un partido le va mal en los tribunales. El Estado de derecho es intocable. Como el pianista del saloon.