Condenar antes que el juez

Todos deberíamos reflexionar sobre el reproche social al que se somete a investigados por la Justicia que luego no son condenados

El Tribunal Supremo ha decidido archivar la causa contra el ex alcalde de Alcalá de Guadaíra y actual diputado del PSOE por la provincia de Sevilla Antonio Gutiérrez Limones por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación durante su gestión de la sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM). Por este caso, que se inició en 2015, el político socialista ha sufrido un auténtico linchamiento político -al que no han sido ajenos algunos elementos de su propio partido- que, entre otras cosas, le ha costado la Alcaldía de la que es una de las principales ciudades industriales andaluzas. Cierto es que Gutiérrez Limones llevaba 21 años en el sillón y que ya apenas controlaba su propio grupo municipal, pero nadie puede negar que el caso de la ACM (en el que, entre otras cosas, se le acusó de pagar viajes familiares con fondos de dicha asociación) fue uno de los detonantes para que abandonase definitivamente el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra -que le daba una cierta presencia en la política andaluza- por un cargo más anónimo como es el de diputado. El relevo de Gutiérrez Limones se tenía que haber producido por una mera lógica de higiene democrática y mediante un proceso de maduración interna del PSOE, no por un caso de supuesta corrupción política que ha terminado quedando en agua de borrajas.

Pero, más allá de la lectura política concreta del caso ACM, este archivo del Tribunal Supremo vuelve a poner en evidencia uno de los problemas fundamentales de la sociedad en la que vivimos: el linchamiento que sufren aquellas personas que son investigadas judicialmente antes de que haya una sentencia condenatoria. Desde hace ya mucho tiempo, la sociedad ha decidido adelantar el reproche social que lógicamente debe conllevar una condena a las fases iniciales de las causas judiciales, vulnerando así uno de los principios fundamentales de la Justicia: la presunción de inocencia. En este sentido, los medios de comunicación deberíamos hacer una minuciosa autocrítica, pero también la totalidad de los partidos políticos -que suelen usar los supuestos casos de corrupción como armas arrojadizas con las que desgastar a los adversarios- y, en general, a una sociedad que, como siempre -en este aspecto no existe ninguna novedad-, se apresura a condenar a los investigados y procesados sin esperar a que los jueces dicten sentencia. Al final, la realidad no es otra que Gutiérrez Limones tuvo que sufrir el reproche social por un delito que el juez dice que no se puede probar.

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