La alcaldesa en funciones de Utrera, María Dolores Pascual (PA), manifestó ayer su rechazo al informe elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente sobre el trazado de la A-4, señalando que su respaldo al desvío de la carretera por los municipios de Lebrija y Las Cabezas de San Juan da vía libre a que el Ministerio de Fomento apruebe un proyecto que el Consistorio ya "censuró en su día".

En un comunicado, Pascual recordó que, inicialmente, la propuesta seleccionada fue otra, la que incluía el desdoblamiento entre Los Palacios y El Cuervo, pero que, cuando esta elección fue trasladada al resto de municipios para estudiar su grado de aceptación, "las recién llegadas alcaldías socialistas de Lebrija y Las Cabezas de San Juan tomaron posiciones, haciendo cambiar de opinión al Ministerio de Fomento para que accediese a la existencia de un trazado más largo y que perjudica a los municipios cuyos alcaldes no pertenecen al PSOE".

La alcaldesa lamentó que el informe de Medio Ambiente haya respaldado la elección de Fomento, desmintiendo que sea el que mejor vertebre a la población, puesto que, según dijo "el número de habitantes de los municipios incluidos en la otra propuesta de trazado supera, y con mucho, la suma de los censos de Lebrija y Las Cabezas de San Juan".

Por su parte, el alcalde de El Cuervo, Juan Garrido (IU), aseguró que le parece un "robo a mano armada" la alternativa de la autovía aprobada. Se trata de la alternativa 3A que consiste en la duplicación de la actual N-IV en los primeros 15 kilómetros y en los diez últimos, algo que, según apostilló Garrido, es más bien un "capricho partidista" de los socialistas que una opción objetiva.

En declaraciones a Europa Press, Garrido manifestó el desatino de la Administración, algo que "esperaba que pasaría cuando entró en juego el secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera", ya que, a su juicio, la alternativa 3A "no es la más rentable medioambiental y económicamente". De esta manera, el alcalde de El Cuervo consideró que la Junta es "cómplice" de este "robo de la campiña baja", ya que, además, "no se ha dignado" a reunirse con las localidades afectadas por esta resolución, en la que Garrido hizo hincapié diciendo que pasa más por la "presión política" que por los "informes técnicos". Añadió que "lo lógico lo han hecho ilógico", pues lo ideal era seguir "dando vida" a la carretera, aunque con "mejores articulaciones".