El fiscal Anticorrupción Arcadio Martínez ha defendido este martes en su alegato al inicio del juicio por el presunto soborno en Camas que no se puede tomar una decisión política tras recibir dinero aunque dicha decisión pueda ser "justa", porque eso constituye un delito de cohecho como el que se imputa al ex alcalde de Camas Agustín Pavón y a los otros tres acusados.

En su alegato previo al inicio del juicio, el fiscal ha afirmado que aunque el hecho para el que se ofrece la dádiva o recompensa "beneficie a una comunidad, no se poder realizar una acción recibiendo dinero". El representante de la Fiscalía Anticorrupción ha añadido que "no se puede tomar una decisión política, un voto o una decisión administrativa, habiendo recibió dinero porque eso, aunque sea justo, no se puede hacer" y el acto se convierte en "injusto por haberse tomado con la mediación de ese dinero", ha explicado en alusión a los ofrecimientos económico realizados a la edil Carmen Lobo a cambio de su voto en determinados Plenos municipales.

El representante del Ministerio Público ha explicado al tribunal del jurado que los testigos de cargo de este caso, la ex edil Carmen Lobo y su amigo Francisco Gordo Vázquez son tachados de parciales por las defensa, y ha admitido que si bien es cierto que ambos "mantenían un enfrentamiento político como poco con el alcalde Agustín Pavón", no tenían nada en contra del supuesto intermediario Eusebio Gaviño. "Los testigos son los que son, el testigo puede estar enfadado pero es el testigo y no tiene por qué inventarse ninguna actuación por el hecho de estar enfadado", ha dicho el fiscal, que ha negado de forma rotunda que en este caso se haya producido la figura de un delito provocado, en relación a las grabaciones que éstos realizaron de sus reuniones con los acusados.

La acusación pública ha defendido que los testigos "tenían derecho" a hacer esas grabaciones, "porque no estaban haciendo nada ilícito, porque eran sus conversaciones" y la ley les ampara para realizarlas.

Por su parte, la defensa de Eusebio Gaviño, que entregó un sobre con 12.000 euros a la edil Carmen Lobo, ha presentado como pruebas una sentencia de un juicio de faltas entre los testigos Francisco Gordo y Carmen Lobo en la que ésta le habría exigido supuestamente "120.000 euros para prestar declaración en el caso Camas".

Al inicio del juicio, el juez Javier González ha advertido al abogado de Pavón, José María Calero, que no va a permitir que este juicio "se salga de madre" porque, según ha dicho, "una cosa es atacar la credibilidad del testigo y otra cosa es intentar convertir este juicio en lo que no es".

La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 18 meses de prisión y multa de 24.000 euros para cada uno de los acusados por un delito de cohecho.