El macrocontrato para conservar el arbolado se reparte entre ocho empresas

  • La inversión de Parques y Jardines para mejorar el cuidado de las zonas verdes llega a los 44,5 millones

  • Los técnicos endurecen el control para impedir fraudes como con Fitonovo

Labores de mantenimiento en el Parque de María Luisa Labores de mantenimiento en el Parque de María Luisa

Labores de mantenimiento en el Parque de María Luisa / Juan Carlos Vázquez

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El equipo de Juan Espadas adjudicó este viernes el esperado macrocontrato para el cuidado de las zonas verdes de la ciudad tras más de un año analizando a las 154 empresas que se presentaron para optar a algunos de los diez lotes que conforman el nuevo modelo diseñado por los técnicos de Parques y Jardines. La intención es mejorar la gestión del arbolado tras las continuas caídas de ramas y evitar fraudes como los acontecidos con Fitonovo, cuyos directivos habrían repartido dádivas y comisiones a funcionarios y responsables institucionales a cambio de contratos públicos.

Los diez contratos que suman un importe de 44,5 millones de euros fueron adjudicados a ocho empresas con una baja media del 9,4% para cumplir con uno de los principales objetivos marcados: aprovechar al máximo los recursos económicos y que las ofertas se centraran en mejoras en empleo, recursos materiales o propuestas técnicas. Dos son para arbolado. El de la zona Norte de la ciudad fue adjudicado a la UTE Valoriza-Conter por un importe de 10,9 millones de euros (IVA no incluido). En el caso de la zona Sur de la ciudad ha sido asignado a la firma Eulen por 8,3 millones de euros.

El cauce del río Guadalquivir fue adjudicado a la firma Seanto por 3,3 millones de euros; el Parque Miraflores a la sociedad Explotaciones Las Misiones S. L. por 2,1 millones de euros; el Parque del Tamarguillo se adjudicó a Urbaser S. A. por 1,5 millones de euros; el Parque Infanta Elena y Torreblanca se asignaron a Extrenatura Mantenimientos Integrales S. L. por 1,1 millones euros; el cauce del río Guadaíra se otorgó a Seanto por 1,9 millones de euros; el cauce nuevo del río Guadalquivir a Teyja Ameral por 1,2 millones de euros; los parques y jardines de barrio sector Norte (incluye los distritos Casco Antiguo, Triana, Norte, Macarena, San Pablo-Santa Justa y Este- Alcosa-Torreblanca) a la UTE Valoriza Cointer por 7,2 millones de euros; y los jardines zonas Sur (el resto de la ciudad) a Cespa-Cia Española de Servicios Públicos Auxiliares por 6,7 millones de euros.

Una vez aprobada la adjudicación en la junta de gobierno local, ahora se inicia un periodo para la formalización de los contratos que debe finalizar a principios de 2018. Hasta la entrada en funcionamiento de las nuevas empresas se mantendrá la prórroga de los actuales contratos para garantizar el servicio. El mal estado del arbolado en determinados puntos de Sevilla obligó a Parques y Jardines a externalizar el pasado julio un servicio para los trabajos puntuales que requieren de maquinaria muy específica al no disponer de estos aparatos ni del personal especializado para su uso.

El nuevo macrocontrato incluye la plantación de 6.000 alcorques vacíos, e incorpora a los huertos urbanos, espacios como la zona verde del parque central de Sevilla Este y arbolado de los colegios y edificios municipales para mejorar su atención y conservación. Los técnicos calculan que el 57% del importe global que suman los contratos se destinará a empleo. Está prevista la subrogación de unos 221 trabajadores, una cifra a la que se incorporarán al menos otros 117. Como mínimo serán 338 trabajadores. Número que puede incrementarse por parte de las empresas adjudicatarias. La continuidad del personal que presta ahora servicio se garantizará al quedar subrogados.

Además del empleo, el pliego ha priorizado los criterios sociales, técnicos y medioambientales a la hora de la adjudicación frente a los criterios económicos. "Las cláusulas sociales tienen un peso específico, suponen una auténtica revolución en la contratación", explicó el delegado de Hábitat Urbano Antonio Muñoz. Se ha evaluado que las empresas realicen contrataciones entre colectivos de difícil inserción laboral (un mínimo del 10%), la contratación de mujeres (al menos un 40%) o los programas de formación del personal contratado. También se han introducido nuevos criterios ambientales como la eliminación del glifosato, el reciclaje de restos vegetales, proyectos para aprovechar las naranjas amargas recogidas o el uso del vehículo eléctrico.

Este refuerzo de los controles en la adjudicación buscan impedir fraudes como Fitonovo. Este pasado verano la Audiencia Nacional finalizó la instrucción de la operación Madeja con la propuesta de sentar en el banquillo de los acusados a 66 personas implicadas en el pago de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos a través de una organización criminal que tendría como centro esa empresa con sede en Salteras.

En cinco autos separados el juez determinó que Fitonovo creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares y en la que intermediaron funcionarios de la administración pública. Los procesados crearon, además, una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa, para entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos. Entre los imputados se encuentran Antonio Rodrigo Torrijos, ex primer teniente de alcalde y ex portavoz de IU; José Manuel García, ex portavoz de IU y ex concejal de Juventud y Deportes; Manuel Gómez Lobo, ex concejal del PSOE; y Joaquín Peña, ex edil del PP y ex director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

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