La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha rechazado acumular a esta investigación la querella presentada por la empresa Mercasevilla contra los antiguos representantes de la empresa, los sindicatos y altos cargos de la Consejería de Empleo de la Junta, a los que atribuye "hechos delictivos y perjudiciales" para las arcas públicas de esta sociedad en relación con el ERE de 2007, en el que la Administración andaluza asumió el pago de las prejubilaciones de los trabajadores.

Fuentes judiciales han confirmado este viernes que Mercedes Alaya ha remitido la querella al decanato de los juzgados para que sea investigada por otro juez, al considerar que los hechos denunciados no tienen relación con la macrocausa de los ERE fraudulentos, por lo que será otro juzgado el encargado de investigarla.

La querella tiene fecha del pasado lunes y fue presentada en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, que dirige Mercedes Alaya, después de que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que han elaborado el informe sobre el caso de los ERE fraudulentos avalasen en su comparecencia el compromiso de la Junta para abonar el ERE de Mercasevilla de 2007, del que la Administración autonómica se desmarcó cuando saltó el escándalo. Según los peritos, no hay diferencia entre este compromiso de abono de las prejubilaciones del Mercado mayorista y el del resto de los pagos acordados por el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

Durante la segunda sesión de la ratificación de su informe ante la juez Alaya, que comenzó la semana pasada y hoy continúa en su octava sesión, los peritos explicaron precisamente, a preguntas de la letrada de Mercasevilla que en el expediente correspondiente al ERE del mercado mayorista de 2007 constan tres compromisos de pago por parte del director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, de los años 2007 y 2008, con la aseguradora Vitalicio, por importe total de 6.901.814,43 euros. Y sostienen que "no existe diferencia entre estos compromisos de pago y el resto de compromisos de pago en otras subvenciones".

La querella presentada por Mercasevilla tiene como base, entre otros motivos, las recientes sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el ERE de 2007, que lo define como fraudulento para Mercasevilla y desastroso para sus arcas, señalando expresamente la posible connivencia de altos cargos de la Consejería de Empleo de la Junta. La querella se dirige, entre otros, contra los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, el ex director general de Trabajo Francisco Guerrero, el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, así como contra los firmantes del acuerdo del ERE, los cargos de la Junta que lo avalaron y los firmantes de la pólizas, demás de la aseguradora Vitalicio.

Paralelamente a esta querella, la sociedad pública mixta Mercasevilla tiene planteada una demanda en la jurisdicción Contencioso-administrativa del TSJA para que la Junta asuma el compromiso de pago de las prejubilaciones del ERE de 2007. Una vez presentada la querella en la vía penal, la empresa ha pedido al TSJA que "suspenda" la tramitación del procedimiento contencioso-administrativo hasta que “recaiga sentencia en las diligencias previas penales” de los ERE.

En el caso de que no se admita la "prejudicialidad penal", Mercasevilla pidió al Alto Tribunal andaluz que cite a declarar como testigos-peritos a los cuatro expertos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que han elaborado el dictamen de los ERE.

En noviembre pasado, el TSJA dictó una sentencia en la que declaró que el ERE de Mercasevilla de 2007 es nulo de pleno derecho y los trabajadores que se acogieron al mismo deben ser indemnizados por la extinción de sus contratos con el máximo legal: 45 días por año de servicio y un máximo de 42 meses. Esto supone que la indemnización máxima a percibir asciende a 2,5 millones y no a los nueve millones que se habían pactado en las pólizas de seguro suscritas, con comisiones incluidas. Así lo acordó una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que estimó parcialmente el recurso presentado por Mercasevilla, entidad a la que los jueces hacen únicamente responsable del pago de las indemnizaciones, al confirmar la absolución de la compañía aseguradora y de la Consejería de Empleo de la Junta, cuyo compromiso de pago de nueve millones no existía formalmente. 

La sentencia considera que se ha producido un "fraude de ley" porque los ERE son utilizados para mejorar la situación de una empresa en crisis, pero una empresa en una "precaria situación" como Mercasevilla "no puede acordar indemnizaciones que superen con mucho los límites legales, mucho menos como en este caso en el que se pretendía pactar estas indemnizaciones pero no pagarlas sino que fueran financiadas por la Junta".