El presidente del Comité de Empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez, avaló ayer ante la juez Mercedes Alaya la "legalidad" de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) realizados en el mercado mayorista en los años  2003 y 2007, y alegó que en ambos procesos de reestructuración de la plantilla figuraba un compromiso de financiación de la Junta.

Rafael Domínguez compareció ayer en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para prestar declaración, en calidad de testigo, en la causa en la que se investigan delitos societarios en relación con la gestión de la lonja, no en el sumario de los ERE fraudulentos, donde Alaya también investiga presuntas irregularidades en estos expedientes. El testigo aseguró que mantuvo varias reuniones con el concejal del PP en el Ayuntamiento Beltrán Pérez, ante quien mantuvo la "legalidad de los ERE de Mercasevilla", una postura que "sigue manteniendo actualmente". Según Domínguez, el ERE de 2007 se planteó como una "continuidad" del desarrollado en el 2003 y en ambos casos "conocían de la financiación en una parte por la Junta de Andalucía, y así se lo manifestaron a los trabajadores, si no no lo hubieran firmado".

La juez Alaya mantiene en cambio que, tras el "éxito" del ERE de 2003, el entonces director general de Mercasevilla Fernando Mellet, en "connivencia" con el conseguidor Juan Lanzas, remitió en 2005 una nueva solicitud de ERE extintivo que afectaría a 60 trabajadores de un total de 175 fijos y 35 temporales, fundando su solicitud en "idénticos motivos al ERE de 2003", y en la póliza se contiene una "expresa mención a que la Junta" abonaría la mayor parte de las primas.

En su declaración de ayer, Rafael Domínguez aseguró que "desconoce" si las directrices en Mercasevilla las marcaban Mellet y el ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos.

Alaya también preguntó al presidente del comité de empresa de la lonja por la revelación efectuada en su día por el ex comercial de la consultora Vitalia Francisco José González García respecto a que un anticipo de 6.000 euros entregado a su empresa Hermes Consulting se empleó en el pago de la póliza de prejubilación de los trabajadores de la empresa onubense Cash Lepe. Rafael Domínguez negó en su declaración que para "desbloquear la negociación del ERE de 2007 él exigiera" al comercial de Vitalia que se desbloqueara la situación de Cash Lepe.

Según declaró el testigo, cuando estaban negociando el ERE de Mercasevilla se conoció que habían realizado "los pagos de El Jamón (Cash Lepe) y como temieron que ocurriera lo mismo, se paró la negociación" y se planteó al ex delegado de Vitalia en Sevilla Jesús María Bordallo, no a Francisco González, "no seguir con la negociación mientras no se desbloqueara el tema de Cash Lepe".

El presidente del comité de empresa, que tenía voz pero no voto en los consejos de administración de la lonja, añadió que de los ERE "se informaba poco" en este órgano de la empresa.