Casa de la Moneda

Cultura supedita a medidas "de seguridad" las obras autorizables

  • El juzgado investiga a los promotores de la reforma por presuntos delitos contra el patrimonio histórico.

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El delegado provincial de la Consejería de Cultura en Sevilla, Bernardo Bueno, avisa de que cualquier nueva actuación urbanística en la Real Casa de la Moneda, un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y enclavado en la calle Adolfo Rodríguez Jurado, habrá de responder "estricta y exclusivamente" a "medidas de seguridad". Y es que el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha incoado diligencias contra los administradores de la sociedad limitada Patio del Tesorero, un arquitecto y un arquitecto técnico, por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico en las obras acometidas en el edificio. 

En declaraciones, Bernardo Bueno ha explicado que su departamento está colaborando plenamente con la Justicia en esta causa judicial despertada a cuenta de la querella formulada por la Fiscalía de Urbanismo y Patrimonio Histórico, contra los promotores de las obras emprendidas en la antigua Casa de la Moneda. En ese sentido, y dado el estadio de la causa judicial, Bueno ha explicado que su departamento solo autorizará nuevas actuaciones en el edificio si tales labores responden "estricta y exclusivamente a medidas de seguridad". El Ministerio Público cree que los querellados falsearon los datos del proyecto para conseguir la aprobación de las autoridades competentes en materia de patrimonio histórico, además de demoler supuestamente estructuras arquitectónicas históricas pese a que tal extremo nunca fue permitido.

En ese sentido, fuentes judiciales habían informado de que, en función de la querella formalizada por el Ministerio Público, el juzgado ha ordenado la práctica de una serie de diligencias previas, como la identificación y localización de los administradores o representantes legales de la sociedad limitada Patio del Tesorero a cuenta de su papel como empresa promotora de las obras investigadas. La querella de la Fiscalía, como se recordará, se dirigía contra los administradores de esta sociedad, el arquitecto Fernando C.F. como director de las obras y contra el arquitecto técnico Rufo S.P., como coordinador de seguridad y salud de la intervención.

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