La Fiscalía de Sevilla ha solicitado la pena de prisión permanente revisable para Francisco Morillo Suárez, que está acusado del asesinato y violación de una joven en el parque de María Luisa. Se trata de la primera vez que la Fiscalía que dirige la fiscal jefe, María José Segarra, reclama esta nueva condena introducida recientemente en el Código Penal.

La Fiscalía le atribuye un delito de agresión sexual, en concurso real con un delito de asesinato, y reclama una condena de 15 años de prisión por la violación y la condena de “prisión permanente revisable” por el asesinato, al tiempo que solicita que en todo caso no pueda lograr el tercer grado “en tanto no conste un mínimo de cumplimiento efectivo de 18 años de prisión, así como que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo del tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en la sentencia” que se dicte en su día. El Ministerio Público reclama además una indemnización de 100.000 euros para los padres de la joven asesinada y 25.000 euros para su hermana.

El abogado de la familia de la joven asesinada, Alberto Lag, ya anunció en su momento que cabría incluso solicitar la pena de prisión permanente revisable, que aparece recogida en el artículo 140 del Código Penal. Este precepto establece que el delito de asesinato será castigado con esta pena de prisión permanente revisable cuando se den algunas circunstancias, entre ellas que "el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima", como ocurre en este caso.

En el escrito de conclusiones provisionales presentado en la Sección Séptima de la Audiencia, la Fiscalía señala que el acusado frecuentaba desde hacía un tiempo el parque de María Luisa, visitándolo una vez entrada la noche y permaneciendo incluso después del horario del cierre de las puertas –en invierno es a las diez de la noche-, “momento en el que tienen lugar encuentros de naturaleza sexual”.

Dice el Ministerio Público que la noche del 23 de febrero, la víctima, Sara D. M. permaneció tras el horario de cierre del parque con la “supuesta intención de suicidarse, no siendo ésta la primera que procedía de tal modo”, dado que había empleado ese mecanismo en otras ocasiones como “llamada de atención” a su entorno más próximo.

Sobre las 21:47 horas, la joven envió un mensaje con el móvil a sus allegados en forma de despedida e ingirió una importante dosis de barbitúricos que fueron “sumiéndola en una lenta somnolencia”.

El acusado, en una hora no determinada pero anterior a las cuatro y media de la madrugada, coincidió con la víctima, que seguía sometida a los efectos de los medicamentos, y consciente del estado de somnolencia en el que estaba Sara “decidió aprovechar tal circunstancia para satisfacer sus deseos libidinosos más extremos” y la violó sometiéndola a una “brutal práctica sexual”. Después, vistió a la joven y la dejó acostada boca abajo sobre uno de los bancos del parque, montándose en su bicicleta y abandonando el lugar. Sara D. M., de 31 años, murió horas más tarde de la agresión como consecuencia de un “shock hemorrágico” derivado de las lesiones causadas por el acusado, precisa la Fiscalía.

A la espera de juicio

La semana pasada, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla acordó la apertura de juicio contra contra Francisco Morillo Suárez, después de rechazar la prácticas de las últimas diligencias de prueba solicitadas por la defensa. El auto dictado por la Audiencia, que tiene fecha del 22 de diciembre, recuerda que la defensa del acusado había solicitado la práctica de tres diligencias: la declaración de dos vigilantes de seguridad que cerraron el parque de María Luisa el 23 de febrero pasado, así como la aclaración del informe de ADN respecto al perfil genético hallado en unos calzoncillos y que no coincide con el investigado, y en tercer lugar que se indique si un tercer perfil genético diferente a los de la víctima y el acusado se obtuvo de un pañuelo con sangre hallado en el escenario del crimen y se investigue a quién correspondería dicho ADN.

El tribunal considera que “ninguna” de estas diligencias tiene una “relevancia y/o utilidad que justifique –teniendo en cuenta, incluso, el derecho fundamental del mismo recurrente a un proceso sin dilaciones estando en prisión provisional- el retorno a la fase de instrucción para su práctica”.

Sobre la declaración de los vigilantes, los magistrados entienden que “poco podrían aportar para el esclarecimiento de lo ocurrido”, y con respecto al perfil genético hallado en los calzoncillos –tipo bóxer-, destacan que el propio informe de ADN señala que no pertenecen al acusado y quedó introducido en la base datos de la Policía para futuros “posibles cotejos”. El hecho de que la Policía no haya informado acerca de la identidad de la persona a la que puede corresponder lleva a la Sala a considera “inútil” practicar la indagación que plantea la defensa, que para el tribunal “tampoco razona en qué medida esa identidad podría contribuir a enervar las evidencias o indicios existentes contra el señor Morillo enumeradas en anteriores resoluciones tanto del juzgado como de esta Audiencia Provincial”. Y lo mismo, añade el auto, puede decirse de la tercera prueba propuesta.

En octubre pasado, el juez que investigó el caso dio por finalizada la instrucción al entender que se habían practicado “cuantas diligencias se han estimado necesarias para la comprobación del delito, participación que ha tenido el procesado y las circunstancias que en su comisión han concurrido y no hallándose indicada ninguna otra”.

La decisión del juez de concluir la investigación se produce precisamente después de que la Audiencia confirmara el procesamiento de Francisco Morillo Suárez por los delitos de asesinato y agresión sexual, en relación con la muerte de la joven Sara D. M. el pasado 24 de febrero en el parque de María Luisa.

El cadáver de la joven fue hallado sobre las 09:40 del 24 de febrero en la glorieta de Juanita Reina del Parque de María Luisa y tras la práctica de la autopsia por el servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal (IML) se confirmó que la muerte estaba relacionada con la agresión sexual.

 La ampliación del informe de autopsia ratificó que la víctima no falleció por la ingesta de fármacos que tomó, sino por la brutal agresión de la que fue objeto y que le provocó que sangrara abundantemente. La defensa del acusado había solicitado esta prueba planteando que la joven podía haber fallecido por los fármacos que había tomado para supuestamente intentar quitarse la vida. 

 La versión de los forenses coincide con la de un psiquiatra que atendió a la joven una semana antes de que se produjera el crimen y que precisó que la víctima era "muy responsable" y se encontraba "agobiada" por asuntos de trabajo, por lo que le recetó unos comprimidos de relajantes musculares. El facultativo añadió, al ser preguntado por los efectos de las sustancias que ingirió la víctima, que aunque se hubiera tomado todas las pastillas de una vez no le habrían causa la muerte y únicamente habría estado "sedada durante varias horas", por lo que descartó igualmente que la muerte se debiera a estos fármacos.

 El auto de procesamiento concluyó que los hechos que se atribuyen al acusado "revisten los caracteres" de los delitos de asesinato y agresión sexual, por cuanto "de lo ahora actuado aparecen indicios racionales de criminalidad" contra Francisco M. S.

En marzo pasado, el violador del Parque de María Luisa reconoció que mantuvo relaciones sexuales con la víctima, pero aseguró que éstas fueron consentidas y no fueron violentas hasta el punto de provocarle la muerte desangrada.