Los policías implicados en la trama cobraban estas tasas irregulares a varias empresas de grúas. Sólo una de ellas, Grúas Lozano, pagó más de 200.000 euros entre los años 2005 y 2009 en concepto de impuestos que debían ser abonados al Ayuntamiento pero se pagaban ante la Policía Local.

Las cantidades abonadas a un agente de la unidad de Motoristas, ya fallecido, se reparten de la siguiente forma: 40.333 euros en 2005; 43.813 en 2006; 45.457 en 2007; 54.184 en 2008; y 17.030 en 2009. Esto suma un total de 200.817 euros, que no se ingresaron luego en las arcas municipales.

En el año 2009, Hacienda sólo había cobrado 6.815 euros por la tasa de transportes especiales. El fraude podría superar el medio millón de euros si se tiene en cuenta que al menos cuatro empresas más (Transportes Cayba, Transportes Carrascosa, Grúas Gil y Grúas Andalucía) pagaban este canon. Las entidades que no colaboraban eran hostigadas con continuas inspecciones y denuncias.

Entre los servicios de escolta que figuran en el sumario aparece en varias ocasiones una serie de traslados de piezas para la construcción de la línea 1 del Metro, que se traían desde un almacén de Dos Hermanas. Pese a que la Policía Local de Sevilla no tiene competencias fuera del término municipal de la capital, los agentes escoltaban los camiones de la empresa constructora desde Dos Hermanas sin la presencia de la Guardia Civil. Uno de los policías que fue a cubrir este servicio denunció la irregularidad. Al llegar a la Enramadilla, destino final de las piezas, uno de los camioneros se le acercó y le entregó un sobre. Al preguntarle qué contenía, el conductor le explicó que era el dinero que él daba a los policías. Tras rechazar el sobre y elevar un informe a la Jefatura, a este agente nunca volvieron a asignarle un servicio de transporte especial de mercancías.