La juez de Instrucción 8 de Sevilla ha citado a declarar como imputados a al menos nueve policías locales por su presunta implicación en una trama dedicada al cobro ilegal de tasas. Los agentes tendrán que comparecer ante la juez a principios de febrero y en principio se les imputa un delito de cohecho. Todos los policías citados pertenecen -o pertenecían, puesto que ya hay algunos jubilados- a la unidad de Motoristas, que se encarga principalmente de la regulación del tráfico en la capital andaluza. En el caso hay otras dos personas más presuntamente implicadas, que pertenecen a una empresa de grúas.

Los policías podrían haber realizado, fuera de su jornada laboral, una serie de servicios especiales por los que presuntamente percibían una determinada cantidad de dinero. Entre estos trabajos estaban la escolta al transporte de mercancías de empresas privadas y servicios que requerían la presencia de grúas especiales para el sector de la construcción -no las de retirada de vehículos- y cortes de calles. Los agentes habrían realizado estos trabajos irregulares vestidos de uniforme y con las motos y coches de la Policía. También habrían desempeñado estas funciones en espectáculos públicos, apertura y cierre de calicatas y otras obras realizadas en la calle.

El Ayuntamiento aplica un impuesto por estos conceptos, la llamada tasa de prestación de servicios de grandes transportes, espectáculos públicos y paso de caravanas. En este caso la juez investiga si quienes percibieron el dinero que se cobraba a las empresas que requerían estos servicios fueron los agentes y no el Ayuntamiento y si aquéllos actuaron en connivencia con los responsables de la empresa que aportaba las grúas. Por cada servicio los policías podrían haber cobrado entre 20 y 80 euros, dependiendo del número de agentes que se precisaran y de los vehículos que se utilizaran. Si se hacía en horario nocturno, la cantidad percibida era mayor, al igual que existía un sobrecoste de 0,50 euros por kilómetro cuando se superaban los diez kilómetros en el trayecto que un camión de mercancías debía ser escoltado por la Policía. Por ello, lo normal era que cada traslado superara los 100 euros. Según las estimaciones que se hicieron cuando se descubrió el caso, el fraude a la Hacienda local podría ascender hasta el medio millón de euros. 

La investigación surgió a raíz de la detención de uno de los policías que ha sido citado a declarar ahora como imputado, que fue arrestado en septiembre de 2009 por su presunta colaboración con una banda de narcotraficantes de hachís. En concreto, este policía se vio implicado en laoperación Pájaro, en la que la Policía Nacional detuvo a una decena de personas relacionadas con un alijo de 1.500 kilos de hachís. Los cabecillas de esta banda eran un comerciante de La Rinconada y el dueño de un gimnasio de Montequinto, que fue asesinado el pasado 17 de octubre en una urbanización de Carmona. El policía local vinculado a esta organización pasó unos meses en prisión preventiva, pero actualmente está en libertad con cargos y sigue trabajando en este cuerpo de seguridad.

La juez encargada del caso, Carolina Herencia, ordenó el registro de la taquilla de este agente y de su domicilio, así como la intervención de sus conversaciones telefónicas. A partir de ahí, abrió una pieza separada al encontrar indicios de que pudiera existir una trama dedicada al cobro irregular de tasas dentro de la Policía Local. El ex jefe del cuerpo, José Aulet, llegó a crear una unidad de asuntos internos dentro de la Jefatura para investigar única y exclusivamente esta cuestión.

Desde que se abrió la pieza separada han declarado en el juzgado más de 30 agentes de la unidad de Motoristas, varios mandos de la Policía Local y un intendente, todos ellos en calidad de testigos. También se han requisado varios ordenadores de la Jefatura, situada en la isla de la Cartuja, y se han practicado numerosas pruebas. De hecho, el sumario lleva ya 24 tomos, un volumen similar al que alcanzó el del asesinato de Marta del Castillo. 

Durante la fase preliminar de la investigación falleció, tras una larga enfermedad, el agente que tenía encargado el cobro de estas tasas y de ingresar luego el dinero en las arcas de la Hacienda pública. Antes de que saltara el escándalo, apenas unos meses antes de las últimas elecciones municipales, el gobierno presidido por Alfredo Sánchez Monteseirín decidió cambiar la forma de cobro de estas tasas. 

Hasta entonces, las empresas que precisaban el transporte o el uso de grúas de gran tonelaje debían abonar en mano en la Jefatura de la Policía Local el dinero de estos impuestos y eran los agentes municipales los que luego daban parte al Consistorio. El agente que había hecho el cobro entregaba a quienes pagaban la tasa un recibo que éstos tenían que dar luego a los policías que se presentaran en el servicio solicitado.

Ahora la forma de pago consiste en abonar el impuesto directamente en el banco y todas las gestiones se realizan ante la delegación de Movilidad, precisamente para evitar cualquier posible fraude en la cadena de custodia del dinero desde la Jefatura de la Policía Local hasta la delegación de Hacienda. La semana pasada, los agentes presuntamente implicados en esta trama comenzaron a recibir las notificaciones para asistir a declarar como imputados y con la asistencia de un abogado.