El Ayuntamiento de Jaén hizo pública este martes la renuncia a prestar los servicios de dependencia alegando que la Administración andaluza le adeuda dos millones de euros por este concepto y denunció el convenio con la Junta de Andalucía para gestionar la ayuda prevista en la Ley de Dependencia. Un anuncio que finalmente no parece que vaya a ser ejecutado de manera inmediata por defectos de forma, pero que, eso sí, supone el plante público, la esceneficación de un hasta aquí si el Gobierno autonómico no paga lo que debe.

El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, también presidente provincial del PP, recordó que este servicio es "competencia exclusiva de la Junta" y se mostró convencido de que van a secundar esta medida más ayuntamientos porque "no podemos hacer frente a los continuos impagos y abusos sistemáticos de la Junta al no pagar lo que debe porque son cantidades millonarias".

Como respuesta a este plante, la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Purificación Gálvez, argumentó ayer, en rueda de prensa, que el escrito se ha presentado fuera del plazo que estipula el convenio y que por tanto entienden que este convenio sigue vigente. Gálvez sí quiso valorar no obstante el trabajo que realizan las administraciones locales, cuya implicación considera fundamental para garantizar todos los servicios y espera la "lealtad y la sensibilidad" que debe tener "un buen alcalde" ante esta situación.

Para el PSOE de Jaén se trata de una decisión con la que se condena a las 200 trabajadoras de la empresa encargada de realizar el servicio, Multiservicios Jabalcuz, por haber protestado por los impagos de sus nóminas.

Concretamente, María del Carmen García, presidenta del comité de empresa de la empresa, explicó ayer que el Consistorio les adeuda dos nóminas, la de septiembre y la de octubre y que "sopesan una huelga indefinida" en protesta por esta situación, que les lleva a vivir "en una incertidumbre permanente". García, según recogió ayer Europa Press, tenía la "sensación" de que el alcalde "tenía desde hace tiempo la intención de deshacerse del servicio de ayuda a domicilio".

Aunque los datos aportados por cada portavoz en esta historia no coinciden -el Gobierno andaluz habla de 429 usuarios, IU en Jaén de 600 y UGT de 800- la crítica sí converge: si el Ayuntamiento no continúa prestando este servicio se "deja tiradas" a las personas beneficiarias del servicio de dependencia, en palabras de Antonio Macías, secretario de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de FSP-UGT-Andalucía. "Este señor, arbitrariamente, ha decidido cortar de raíz y abandonar a más de 800 usuarios y más de 200 trabajadores de la ayuda a domicilio de Jaén", señaló.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP andaluz, Carlos Rojas, resumió el asunto y vino a decir que si la Junta no transfiere las cantidades económicas "es muy difícil" llevar a cabo algunos servicios. "La administración que tiene una competencia tiene que ejercerla", subrayó, y añadió que tiene que pagar lo que le debe porque si los consistorios están dando servicios públicos que deben ser financiados por la comunidad "no se puede mirar para otro lado".