TIEMPO El último fin de semana de abril llega a Sevilla con lluvia

DERBI Horario y dónde ver el Betis-Sevilla

educación | la justicia da la razón a la concertada

Nuevo varapalo judicial a la política educativa de la Junta

  • El Supremo restituye el concierto a dos colegios religiosos

  • El Alto Tribunal considera que el Gobierno andaluz aplica un criterio de "subsidiariedad" contrario a la libertad de elección de centro

Una maestra imparte clases en un colegio concertado.

Una maestra imparte clases en un colegio concertado.

Nuevo varapalo judicial a la política educativa de la Junta. Tras un primer semestre marcado por la renovación de los conciertos en los colegios, que abrió una brecha entre el Gobierno andaluz y las patronales de los centros privados, la Justicia ha dado la razón ahora a dos escuelas sevillanas a las que la Administración autónomica les denegó la ayuda por cuestiones demográficas y de demanda. En concreto, ha sido el Tribunal Supremo el que ha fallado contra las directrices de la Junta, al entender que aplica un criterio de "subsidiariedad" que impide el ejercicio constitucional de los padres a poder decidir libremente el tipo de enseñanza que desean para sus hijos. La Justicia, por tanto, pone de nuevo en entredicho la política de conciertos que aplica el Ejecutivo regional en la enseñanza.

La Junta defiende que la caída demográfica la soporten por "igual" la pública y la concertada

En concreto, se trata de dos sentencias del pasado 11 de julio. Ambas responden a los recursos de casación presentados por la Junta contra los veredictos de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), fallados el 7 de abril de 2016 y el 26 de mayo de ese mismo año, respectivamente. En ambos se restablecían los conciertos denegados en 2013 al Colegio Calasancio Hispalense, en la barriada nazarena de Montequinto; y al de San Juan Bosco, en Morón de la Frontera.

Tras la eliminación de dichas unidades, que hasta entonces eran mantenidas con fondos públicos, el sindicato docente USO, por un lado; y la Orden de las Escuelas Pías y una veintena de padres de alumnos, por otro, exigieron que las aulas volvieran a la oferta pública. El TSJA falló a favor de la renovación de los conciertos por un periodo de cuatro años "con condena a la Administración a la implantación efectiva" de las unidades. En el caso del Calasancio, la Consejería de Educación había pasado de ofertar tres a dos unidades del segundo ciclo de Infantil de tres años (etapa no obligatoria pero con la que se garantiza la permanencia en un puesto escolar para los siguientes niveles). En el de San Juan Bosco la reducción fue de dos a una unidad concertada.

La Junta recurrió estos fallos al Supremo, que ahora vuelve a dar la razón a los colegios religiosos para que mantengan el concierto. En una de las sentencias, a las que ha tenido acceso este periódico, el Alto Tribunal recuerda que en el caso del centro salesiano de Morón la Administración educativa eliminó una unidad de la oferta pública al existir vacantes suficientes en los centros públicos, debido al descenso demográfico registrado en la localidad sevillana y según el principio de "economía y eficiencia" que debe aplicarse a la hora de planear la modificación.

El TSJA, sin embargo, incidió en que la disminución de la población escolar -a consecuencia de los años más severos de la crisis- no se había traducido en el distrito educativo de este colegio en una reducción de las solicitudes, pues se habían recibido 51 peticiones para las dos aulas que hasta 2013 poseía, por lo que se superaba la ratio establecida: más de 25 alumnos por clase. Al suprimirse una, se derivaron 26 niños a un centro público de Morón que poseía plazas libres suficientes. El Alto Tribunal Andaluz "censuró" el principio de "subsidiariedad" que la Junta aplica a la enseñanza privada respecto a la pública, pues sólo mantiene o amplía los conciertos cuando los colegios que son de su titularidad no alcanzan la "plena y completa" escolarización.

En la primera sentencia, el TSJA recordó que, contra dicho criterio, el sistema de conciertos debe "pivotar" en una "red dual de centros", avalada por la LOE y la LODE, leyes que regulan la educación española. "Estas normas en ningún momento confieren un carácter secundario o accesorio a los centros concertados respecto a los públicos, para llegar únicamente donde no llegan estos últimos, es decir, para suplir las carencias de la enseñanza pública, que es lo que se infiere de la motivación para la supresión de una unidad", destacó el Alto Tribunal Supremo.

Las argumentaciones del TSJA en el caso del Colegio San Juan Bosco han sido recogidas por el Supremo para resolver los dos recursos de la Junta y las aplica tanto en el caso del centro de Morón como en el de Dos Hermanas, en el que la bajada demográfica no menoscabó la demanda de plazas para el colegio nazareno. En el fallo, el Alto Tribunal, además, incide en que el criterio del Gobierno andaluz no resulta "compatible" con la administración de fondos públicos "según los principios de economía y eficiencia". Estima también que dicho principio impide el derecho a la libre elección de centro. Por todos estos motivos, el Supremo desestima la casación de la Junta, que ha de mantener el concierto en ambos colegios.

Esta sentencia se publica meses después del último proceso de renovación de los conciertos, que no ha estado exento de polémica, al advertir la anterior consejera de Educación, Adelaida de la Calle, su intención de que no sólo la escuela pública sufriera la pérdida de unidades ante el descenso poblacional. Criterio, una vez más, que deja al margen la demanda existente en los centros concertados. Finalmente, dejaron de recibir financiación pública 27 unidades en toda la provincia, casi todas pertenecientes a la educación diferenciada (admite al alumnado según el sexo), un modelo al que se opone tajantemente el Ejecutivo de Susana Díaz, aunque también en este caso la Justicia ha fallado contra los intereses del Gobierno andaluz. La propia delegada territorial de Educación en Sevilla, María Francisca Aparicio, reconoció que este año la Junta no estaba dispuesta a sacrificar, de nuevo, a la enseñanza pública, después de que en 2016 la caída de la población escolar obligara a perder 55 unidades en la provincia.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios