El PP ha denunciado este viernes en rueda de prensa adjudicaciones irregulares por parte del Ayuntamiento a 28 empresas para el Plan 8000, plan cuyo objetivo último era fomentar el empleo estable y de calidad y que en palabras de la concejal del PP María Eugenia Romero se ha convertido en “un cúmulo de contratos precarios y chanchullos”.

De esta manera, Romero asegura haber realizado un seguimiento “expediente por expediente de esas adjudicaciones” y haber detectado “irregularidades por un importe de cerca de los 42 millones de euros”.

El Plan 8000 contaba con tres requisitos fundamentales a la hora de establecer las adjudicaciones a las empresas: El volumen total de trabajadores que se necesitarían (a mayor volumen más posibilidades de salir elegida), el número de trabajadores contratados nuevos, y la reducción del plazo frente al plazo ofertado.

Basándose en estos elementos el PP ha denunciado que existe “una desproporción entre las obras y las ofertas”. El partido de la oposición denuncia que se ha visto respaldada por las declaraciones del secretario general de contratación del Consistorio quien “ se negó a dar luz verde a estas adjudicaciones porque consideraba las ofertas de las empresas contratadas como desproporcionadas y temerarias”. Así, quiso poner como uno de los ejemplos de estas contrataciones irregulares la obra de peatonalización de Kansa City adjudicada a la empresa Eiffage Insfraestructuras S.A, la cual habría presentado un proyecto donde se exponía que se iban a emplear a 285 jornaleros de los cuales 270 serían nuevos contratos, mientras que para esta misma obra otras empresas entendieron suficiente contratar sólo a 23 trabajadores.

De esta manera el Ayuntamiento estaría incumpliendo el artículo 136 de la ley de contratos del sector público dicta la imposibilidad de adjudicar obras a empresas que no pueden cumplir lo acordado. En este sentido, la edil criticó “que el Consistorio al no establecer unos criterios básicos relativos a la adjudicación de estas empresas que le permitieran tener un verdadero control de éstas , las está llevando al borde de la ilegalidad” a los que añadió “ que los parámetros utilizados han sido contratos al peso, no a la calidad”.

Romero quiso hacer hincapié en las consecuencias derivadas de estos contratos basados en el número de empleados, lo que provoca que se “de cobertura a contrataciones de sevillanos en situación de precariedad, a los que se les contrata un día y luego se les despide para llamarles a los dos días y proponerles que trabajen tres días más” comentó la edil del PP.

En este sentido, el partido popular entiende que tienen que ser temporales los contratos pero exigen que sean a tiempo parcial y no por jornales “que se saltan los requisitos mínimos y que han sido denunciados hasta por Comisiones Obreras”.