El jefe de la Policía Judicial de Sevilla ha sembrado hoy numerosas dudas sobre la supuesta implicación del ex delegado de Empleo Antonio Rivas en la petición de la mordida a los empresarios de La Raza, al asegurar que “no había un solo dato objetivo” que sostuviera la versión ofrecida por Fernando Mellet respecto a que recibió órdenes del ex alto cargo de la Junta para solicitar la comisión de 300.000 euros.

En una enrevesada y confusa declaración, el responsable inicial de la investigación ha realizado varias manifestaciones que, lejos de contribuir a esclarecer los hechos, ha servido para iniciar un turno progresivos de preguntas y repreguntas de los abogados que parecía interminable y que no hacía más que enredar su testimonio.

El inspector de la Policía Nacional comenzó su declaración ratificando, a preguntas del fiscal Anticorrupción, que el director general de Mercasevilla Fernando Mellet culpó al delegado de Empleo Antonio Rivas de haber dado las instrucciones para solicitar la comisión en nombre de la Junta. El responsable policial, que instruyó el atestado que dio origen a la investigación de la juez Alaya, ha explicado que Fernando Mellet fue informado de sus derechos y estuvo asistido de un abogado cuando fue citado a declarar tras conocerse la grabación en la que supuestamente exigían el dinero a los hosteleros de La Raza. Durante la declaración, se procedió a la audición de la grabación pero no hasta el final porque Mellet dijo que no quería seguir oyéndola porque le “daba vergüenza verse involucrado” en un asunto así.

En cualquier caso, el testigo ha asegurado que Mellet, que en el juicio se ha negado a declarar, sí “insinuó” entonces que recibió dos llamadas telefónicas de Antonio Rivas, en diciembre de 2008 y el 5 de enero de 2009, en las que el alto cargo de la Consejería le transmitió la “idea” de que había que solicitar la comisión, aunque según el mando policial, no dio ningún detalle más al respecto.

A preguntas de las defensas, el inspector ha afirmado que la impresión que tuvo de la declaración de Fernando Mellet es que éste había sido “sincero”, sin embargo a continuación ha subrayado que le “hizo dudar de la verosimilitud” de la incriminación de Rivas el hecho de que “no ofreciera ningún dato” sobre las supuestas instrucciones que le habría dado el delegado de Empleo.

Continuando con su testimonio, el jefe policial llegó a la conclusión de que “no habían ningún solo dato objetivo” que sostuviera las manifestaciones de Fernando Mellet, pero añadió que ni siquiera se solicitó un mandamiento judicial para recabar los registros de llamadas telefónicas que pudieran corroborar los contactos entre Rivas y Mellet porque no tenían elementos suficientes para motivar una petición fundada de reclamar esa prueba ante la autoridad judicial y porque la instrucción la dirigía ya la juez.

El inspector sí dijo que Mellet aseguró que en una de esas conversaciones el delegado el habría comentado que “le había tocado la lotería” porque le habían concedido la subvención para la escuela.

La implicación de Rivas no fue el único elemento de controversia en la declaración del agente, puesto el testigo ha reconocido que en un primer momento de la investigación no tenían claro si lo ocurrido en la reunión grabada por los denunciantes se trataba de “una extorsión, una estafa o una simple negociación” entre empresarios y dijo que estaban a la espera de tomar declaraciones a los implicados para ver si podían esclarecer lo que estaba pasando en esa reunión que había sido grabada.

Después de escuchar por completo la declaración, el instructor del atestado dijo que “pensó” que los directivos y los hosteleros habían llegado a un acuerdo sobre el pago de la cantidad, y también ha señalado que había oído de alguien relacionado con este asunto que los empresarios “habían pedido en algún banco las cantidades” que supuestamente se les exigió, aunque ha añadido que no tiene ninguna constancia de que esta petición se hubiese producido realmente.

El funcionario indicó que de estos extremos se enteró porque después de instruir el atestado su unidad continuó trabajando “dos años más” en el mismo asunto y aunque dijo que no podía decir quién había realizado ese comentario sobre las supuestas gestiones de los hosteleros con los bancos para localizar el dinero, ese extremo no se investigó y al final consideró que no era creíble esa línea de investigación. El testigo llegó a decir que, en el curso de esa continuación de las pesquisas, pudo apreciar que “lo que en principio parecía tan evidente no les parece” después.

El juez Ángel Márquez le preguntó sobre por qué no se investigó la posibilidad de que los hosteleros hubiesen realizado gestiones en los bancos, a lo que el testigo ha contestado que “la investigación se encaminó por otra línea”. El policía ha señalado que una vez que el caso pasó de la Fiscalía al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la investigación continuó siguiendo “el criterio de la instructora” y no el estrictamente policial.

De estas diligencias surgió la investigación del escándalo de los ERE fraudulentos, en el que la juez Alaya decidió apartar a la Policía Judicial de la investigación y solicitar la colaboración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al estimar que la Policía Judicial no disponía de suficientes medios para afrontar una investigación de tal envergadura, aunque el cambio de la Policía Judicial causó malestar porque se trataba de la unidad que había estado al frente del caso desde el primer momento.

De otro lado, el jefe de la Policía Judicial ha subrayado que el entonces subdirector del Mercado, Daniel Ponce, corroboró que “su jefe le había dicho que era un encargo del señor Rivas” solicitar la comisión a los empresarios, que en un primer momento se negó, pero que cuando Mellet le comentó que se trataba de una “especie de imposición” de la Junta accedió a trasladar la petición a los hosteleros de La Raza. Daniel Ponce, según el agente, sufrió un desmayo o se “sintió indispuesto” al término de su declaración ante los investigadores.

El testigo añadió que los directivos le indicaron sobre la acometida de la luz que se trataba de un “gasto añadido” que le correspondía pagar a los empresarios.