Un golpe de efecto de la acusación del PP y una "deslealtad procesal" para las defensas. El abogado de la acusación popular, Luis García Navarro, presentó este martes en el juicio por el cohecho en Mercasevilla una batería de documentos que, a juicio de los populares, vendrían a acreditar que el ex delegado de Empleo Antonio Rivas "había pactado" con el ex director general del Mercado Fernando Mellet que se concedería una subvención de 900.000 euros para la creación de una escuela de hostelería, una petición que se estaría gestando desde un año antes de que se suscribiera el protocolo de colaboración para la puesta en marcha de este proyecto.

Los documentos fueron aportados por el PP cuando estaba rindiendo testimonio ante el jurado el que fuera consejero de Empleo y responsable de la concesión de esa subvención excepcional, Antonio Fernández, y se trata de una solicitud a la delegación provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) por parte de Mercasevilla -fechada el 4 de diciembre de 2006-, un borrador de un convenio de diciembre de 2007 y una memoria elaborada por Mercasevilla en la que se propone la firma de un convenio con la delegación de Empleo similar al que se puso en marcha para la guardería Bolitas de Mercasevilla.

Junto a estos tres documentos, que el PP asegura que localizó entre la documentación aportada por Mercasevilla a la juez Mercedes Alaya dentro de la investigación abierta por el delito societario, la acusación aportó más documentos: tres presupuestos realizados por distintas empresas a instancias de Mercasevilla que cifran en 900.000 euros el coste de la escuela de hostería y varios correos electrónicos entre una funcionaria de la Consejería y la directora de proyectos de Mercasevilla, Regla Pereira, en relación a la petición de subvención y los gastos de la escuela.

La tesis que sostiene la acusación consiste en que dentro de esos 900.000 euros -que fue la cantidad subvencionada por la Junta- se incluía la obra civil, es decir, los gastos de infraestructuras que habría que hacer para poner en marcha la escuela de hostelería. Pero ese concepto no era subvencionable, ya que la Junta sólo podía conceder la ayuda para el equipamiento de la escuela, por lo que la funcionaria solicitó a Regla Pereira la adaptación del presupuesto sin incluir la obra civil. El coste que podría ser subvencionado sería de 607.549,56 euros, pero la Junta aprobó conceder los 900.000 euros.

La diferencia entre los primeros presupuestos y este último, sin incluir esa obra civil, coincide prácticamente con la comisión de 300.000 euros que se exigió a los hosteleros de La Raza y que, de acuerdo con las sospechas de la acusación, iban a ser entregados presuntamente de más por parte de la Administración autonómica a la hora de conceder la subvención excepcional para el proyecto.

El juez Ángel Márquez, que preside el jurado popular, aceptó este martes la incorporación a la causa de los tres primeros documentos aportados por el PP, al considerar que tienen "relevancia" para el enjuiciamiento de los hechos, puesto que según dijo el magistrado éstos no sólo se limitan a la reunión grabada por los empresarios, sino que también abarcan el procedimiento para la concesión de la subvención. A pesar de que sólo uno de estos tres documentos está firmado, en concreto por Fernando Mellet, el juez consideró que pueden ser "corroborados por otras pruebas".

Los abogados defensores protestaron por la admisión de estos documentos, al estimar que les causaba indefensión, e incluso el letrado Francisco Baena Bocanegra, que representa a Antonio Rivas, no dudó en tildarlo de una "deslealtad procesal" al haberse presentado en el juicio un año y siete meses después de que el PP presentara su escrito de acusación.