Urbanismo exigirá la retirada urgente de una lona publicitaria en la Campana

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Una instalación que no tiene cabida en el centro histórico. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento va a solicitar la retirada urgente de la publicidad que desde hace unos días cubre la totalidad del edificio situado en la esquina de las calles O'Donnell y San Eloy. El inmueble, en plena Plaza de la Campana, pertenece al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla en su sector 8.3 El Duque-El Salvador, es de uso residencial unifamiliar y dispone de un comercio de zapatería en su planta baja. Tiene un nivel de protección parcial en grado 1, según consta en la ficha del catálogo de edificios.

Los propietarios del edificio deberán retirar la gran lona que publicita una bebida de alta graduación, ancladas a un andamiaje que cubre toda la fachada. La empresa instaladora de la publicidad solicitó la oportuna licencia para poder instalar la gran lona. Tras analizar la petición, la Gerencia de Urbanismo dictó el pasado día 21 que la colgadura se consideraba no autorizable, aunque finalmente ha sido colocada sobre el edificio, por lo que ahora se pedirá su retirada urgente.

Según se recoge en las normativas urbanísticas aplicables, como el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o las ordenanzas municipales que regulan la publicidad, y como marcan las directrices de protección y ordenación que constan en la ficha del catálogo de este enclave de La Campana, se encuentra prohibido el uso de la publicidad dentro de los usos del espacio libre.

La Ordenanza Municipal de Publicidad, modificada puntualmente por acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2015 y cuyo texto íntegro fue publicado en el BOP número 239 de fecha 15 de octubre de 2015, señala que queda prohibida la instalación de vallas publicitarias o carteleras en el conjunto histórico declarado, como es el caso, en inmuebles declarados BIC (Bienes de Interés Cultural), en los catalogados A, B o J y sus entornos; con exclusión de las vallas o carteleras alusivas a los datos técnicos de obras.

La instalación publicitaria contravendría, igualmente, la Ley de Patrimonio por contaminación visual. El presidente de Adepa, Joaquín Egea, recordó a este periódico que estas lonas publicitarias no se pueden poner en el conjunto histórico y lamentó su proliferación, con otros ejemplos como la situada en el Paseo de Colón, frente al Puente de Triana, o en Menéndez Pelayo, a la salida del Puente de San Bernardo.

En los últimos años, se han producido varias polémicas por la instalación de grandes lonas publicitarias en edificios del centro histórico. En el año 2012, el grupo socialista en el Ayuntamiento, solicitaba la retirada de una instalación de grandes dimensiones en la Plaza del Salvador. La entonces concejal Mercedes de Pablos recordaba que el anuncio se encontraba en una zona del casco histórico y en el entorno directo de un Bien de Interés Cultural (BIC) como la Plaza del Salvador. El PSOE aseguraba que debía contar, además de con el permiso de la Gerencia de Urbanismo, de la autorización de la Junta de Andalucía a través de la Comisión Provincial de Patrimonio, que se vería obligada a desautorizarla.

Recientemente, en el año 2014, el servicio de Disciplina Urbanística de la Gerencia pedía la inmediata de retirada de dos carteleras situadas en un inmueble de la calle Antonia Díaz esquina con el Paseo de Colón. Estas instalaciones no contaban ni con la licencia de Urbanismo ni con la autorización de Patrimonio.

Según la Ordenanza de Publicidad vigente, efectuar una instalación careciendo de la licencia municipal se considera una infracción grave. La sanción económica que conlleva, en el caso de que no sea legalizable, como es el caso de la Campana, tendría un valor que se sitúa entre el 10% y el 20% del valor de las medidas necesarias para restituir la realidad física alterada. La cuantía se reducirá o aumentará en función de los atenuantes o agravantes que se puedan aplicar.

La normativa que regula la publicidad sufrió la modificación de ocho de sus artículos durante la última etapa del mandato popular de Juan Ignacio Zoido, entrando en vigor durante el gobierno socialista de Juan Espadas. Entre las principales novedades se encuentran la prohibición de los rótulos en banderolas dentro del casco histórico y las colgaduras en las fachadas de edificios en obras.

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