El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), se pronunció este jueves sobre la situación de la familia de Ana María Barroso Albarrán --fallecida en el derrumbe del muro del Bazar España, ocurrido el 31 de diciembre de 1998 en la capital hispalense y que causó cinco víctimas mortales--, que pasa por dificultades económicas debido a que la ayuda se tramitó como subvención, subrayando que dicha fórmula "no fue la que yo quería, sino la que me aconsejaron".

En una entrevista Monteseirín recalcó que desde primera hora su voluntad de atender a las familias de las víctimas, a todos los niveles, fue "evidente", si bien la ayuda tuvo que ser encauzada "de una determinada manera desde el punto de vista jurídico, que fue la que me aconsejaron".

En este sentido, el primer edil hispalense recordó que como consecuencia de su "empeño" en que esas familias fueran ayudadas mediante un procedimiento que no fuera la subvención --Monteseirín reconoció en su momento la responsabilidad patrimonial del Consistorio, lo que implicaba el pago de indemnizaciones-- se produjo una crisis a los seis meses de su gobierno en la que dimitió el por entonces primer teniente de alcalde, Mariano Pérez de Ayala (PA).

"La fórmula que buscamos y encontramos era la que había y la que se aplicó, no pudo ser la que yo quería, sino otra, que ahora ha tenido consecuencias con respecto a Hacienda", indicó Monteseirín, que aseguró no poder hacer más de lo ya hecho, puesto que son los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento los que establecen la forma. "Si pudiera hacer más, ya lo habría hecho", abundó.

De hecho, el regidor hispalense reivindicó su implicación "no sólo desde el punto de vista personal, sino que también me la jugué políticamente, ya que consideré que las familias no tendrían que pleitear al Ayuntamiento para que se les ayudara por un hecho en el que, efectivamente, los servicios municipales estaban por medio".

"Moralmente he hecho lo que había que hacer"

"Moralmente he hecho lo que había que hacer y lo he llevado a cabo como jurídicamente fue posible", insistió, asegurando que lamenta "profundamente" las consecuencias para la familia Barroso Albarrán, "que tienen que ver con algo tan peculiar como la normativa de Hacienda".

Por último, Monteseirín aseguró que, llegado el caso en el que se presentaran circunstancias parecidas, "volvería a reaccionar de la misma manera, aunque aprendiendo la lección de que hay que pensar en la repercusión en la declaración de la renta". "Así lo he hecho en el caso del atropello de Hytasa", apostilló.

El Consistorio admitió recientemente a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por la familia de la joven, según indicó la madre de la joven y presidenta de la Asociación de Víctimas Solidarias creada después del suceso, Ana Albarrán, que también dio cuenta de la "ruina" que ha causado en su hogar la ayuda proporcionada por el Ayuntamiento de Sevilla, y que ha propiciado que Hacienda les reclamara un montante de unos 40.000 euros por haber sido la indemnización declarada como si se tratase de una subvención del Consistorio a estas familias.

Y es que la vertiente judicial dio la razón a Hacienda, "que cumplía con su deber, pues si se tramitó la ayuda como subvención ésta está sujeta al IRPF", señaló la madre de la joven, que culpó al Consistorio de lo sucedido, institución a la que la familia ha denunciado judicialmente por lo que consideran una ayuda "engañosa" y "estafadora".