Por primera vez en 18 años, el Puerto de Sevilla parece decidido a hacer bien las cosas para recuperar primero la maltrecha salud del estuario como única opción sostenible que le permita abordar en su momento la ampliación el canal de navegación de Sevilla a Sanlúcar. Los científicos a los que en 2004 el Ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona encargó el dictamen definitivo sobre el proyecto del dragado certificaron en 2010 que la obra era inviable mientras no se recuperara el pésimo estado de las aguas del estuario, una condición obligada por la Directiva europea del Agua. La autorización ambiental de 2003 (la Declaración de Impacto Ambiental) se condicionó a este dictamen científico posterior porque había obviado el informe en contra del Patronato de Doñana, recuerdan los científicos.

Más de cien expertos del CSIC y de varias universidades de Andalucía, coordinados por los profesores Javier Ruiz del Icman-CSIC y Miguel A. Losada, de la Universidad de Granada, concluyeron que "las aguas en más de dos tercios del estuario no presentan un buen estado ecológico la mayor parte del año por falta de oxígeno", lo que hacía urgente el aporte de más agua dulce.

"Dado que en la situación actual el dragado de profundización se ha demostrado incompatible con la conservación del estuario y por lo tanto de Doñana, recomendamos que se desestime definitivamente" y que si el Puerto insistía en el dragado debía iniciar "un nuevo procedimiento ambiental (EIA) una vez las condiciones en el estuario hayan mejorado". Demandaron que los entes privados y públicos implicados se comprometieran a restaurar el estuario y se coordinaran a la hora de intervenir o influir en el mismo. Justo lo que ayer anunció el Puerto sevillano.

Hasta ayer, el Puerto no se ha tomado en serio el dictamen de los científicos. Tampoco cuando prosperaron las denuncias de los ecologistas de WWF ante la Comisión Europea (septiembre de 2013), el Tribunal Supremo (febrero de 2015) y la Unesco (verano de 2015).