El que fuera jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía durante casi 30 años Francisco del Río Muñoz ha defendido este viernes que siempre actuó con el "más genuino y escrupuloso respeto a la legalidad" en el ejercicio de la "alta misión" que tenía encomendada desde su “absoluta independencia, con la única sujeción a la Constitución y a las leyes del reino de España y de la comunidad andaluza". La Fiscalía Anticorrupción no ha pedido para él ninguna medida personal ni de responsabilidad civil. 

Francisco del Río se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, pero antes su abogado, el penalista Francisco Baena Bocanegra, ha presentado un escrito en el registro del decanato de los juzgados en el que explica que ha pedido la suspensión de esta declaración porque considera que para ejercer su derecho de defensa es necesario que el imputado conozca el atestado que está elaborando la Guardia Civil sobre la actuación de la agencia Idea.

El escrito señala expresamente que, "salvo error", no figura en las actuaciones el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre IDEA, lo que "exige necesariamente que con carácter urgente se reclame el mismo de la citada unidad policial para que sin excusa ni demora, y en el estado en que se encuentre, se traiga a la causa y ponga a disposición de las partes tanto acusadoras como imputados, a los debidos efectos procesales".

Esta misma petición la realizó la Fiscalía Anticorrupción cuando la semana pasada solicitó la suspensión de las declaraciones de los nuevos imputados, pero la juez ha rechazado el aplazamiento y tampoco ha reclamado por el momento el atestado de Idea.

La defensa de Del Río considera que la "trascendencia" del atestado en relación con el derecho de defensa y el derecho a un proceso con todas las garantías "se acrecienta" en su caso, por cuanto cesó el 31 de julio de 2012 y ha venido ostentando la jefatura jurídica desde hace prácticamente 30 años.

Francisco del Río, que fue jefe del gabinete jurídico de la Junta entre 1982 y 2012, asegura que está dispuesto a prestar su "más leal colaboración" con la autoridad judicial y con las partes acusadoras para el “esclarecimiento de los hechos que se investigan", todo ello desde su “firme protesta de inocencia", por lo que rechaza "con toda energía" las acusaciones contenidas en el auto del pasado 13 de mayo, en el que fue imputado por Alaya junto a otros vocales del consejo rector de Idea.

Por todo ello, Francisco Baena Bocanegra explica en su escrito que ha pedido la suspensión de la declaración porque considera que "en el ejercicio del derecho de defensa debe acogerse a su derecho a no declarar hasta tanto obre en la causa la documental referida y se instruya de la misma", lo que no impide que cuando disponga del atestado pueda solicitar a la juez que le tome declaración en relación con los hechos.

En el auto del pasado 13 de mayo, Alaya reprochó a Francisco del Río siendo uno de los "máximos valedores de la legalidad de en la Junta", participó en esa "actuación abiertamente al margen del Derecho" que según considera tuvo lugar en la agencia Idea.

Dice la magistrada que Del Río, "por su especial formación", debía conocer "al igual que el resto del consejo" rector de IDEA que la figura de las transferencias de financiación "sólo podían estar destinadas a financiar las pérdidas de IFA/IDEA y que además la consejería competente para financiar a la agencia desde mayo de 2004 no era la Consejería de Empleo, sino la Consejería de Innovación a la cual estaba adscrita IDEA".

En el caso de los miembros del consejo rector, la imputación se basa en la votación de los convenios y en el hecho de que, según Alaya, todos los vocales eran conocedores del "procedimiento específico creado para sortear el cumplimiento de la legalidad, a cambio de agilidad en el otorgamiento y pago de las subvenciones del programa 31L, a través de la presupuestación y uso inadecuado de las transferencias de financiación, omitiéndose burdamente la fiscalización previa por la Intervención General y las bases reguladoras de tales subvenciones". En definitiva, Alaya cree que todos los vocales imputados tenían conocimiento de la ilegalidad de un sistema que había puesto en marcha la Consejería de Empleo para el pago de las ayudas.

Francisco del Río no ha sido el único imputado que se ha acogido este viernes a su derecho constitucional a no declarar, puesto que Francisco García Martínez, que fue secretario general de Empleo, también se ha negado a declarar, mientras que otro imputado, el presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía Felipe Romera Lubias, no ha comparecido porque al parecer no ha recibido la notificación.