La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado este jueves una fianza civil de 6.769.284 euros para el ex director general del IFA Francisco Mencía, quien se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar tras ser imputado en la causa de los ERE. Francisco Mencía, que ocupó el cargo entre enero de 2003 y mayo de 2004, se ha negado a declarar y la juez no le ha preguntado si ratificaba la declaración prestada ante la Guardia Civil.

En esa declaración ante los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO), el ex alto cargo señaló que "siempre tuvo la sensación" de que existía en la Consejería de Empleo un “interés especial para favorecer” a la Sierra Norte de Sevilla. Incluso afirmó que está "totalmente seguro" de que tanto el entonces consejero de Empleo y presidente del IFA José Antonio Viera, como su sustituto Antonio Fernández y el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero "tenían relación con los empresarios beneficiarios de las ayudas", hasta el punto que llegó a afirmar que el conocimiento que tenían de los convenios y ayudas “era total, mucho mas que el conocimiento que él pudo llegar a tener”.

Francisco Mencía también dijo que en un consejo rector del 30 de enero de 2004 y presidido por Viera éste le habilitó para suscribir 15 convenios, cada uno por importe  de 1,2 millones, una cuantía que considera fue estipulada para que no tuvieran que ser “ratificadas por el Consejo de Gobierno” de la Junta, ya que si superaban ese importe debían pasar ese trámite.

Este jueves también han comparecido otros tres imputado que fueron vocales del consejo rector de Idea: el secretario general técnico de Abengoa José Domínguez Abascal, el presidente de la Corporación Tecnología de Andalucía, Joaquín Moya-Angeler Cabrera, y el ex viceconsejero de Relaciones Institucionales Juan Carlos Soriano Hernández, quien de la misma forma se han acogido a su derecho constitucional a no declarar y a los que ninguna de las acusaciones ha pedido ninguna medida cautelar real.

Sólo la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias ha dicho que deja a criterio de la juez la posibilidad de que se imponga alguna fianza civil, pero sin solicitar ninguna expresamente.Alaya ha decidido suspender además la declaración de otras dos vocales prevista para este jueves, Isabel de Haro Aramberri –que fue secretaria de Desarrollo Industrial- y Pilar Rodríguez López –secretaria general de Telecomunicaciones-, porque no le había sido notificado el auto del pasado 13 de mayo en el que fueron imputados los vocales del consejo rector. Ambas han sido citadas para el próximo 5 de junio, día en el que también comparecerá el presidente de Unicaja, Braulio Medel.

Un último imputado, Ángel Garijo, secretario general de Innovación, no ha comparecido porque al parecer tampoco ha recibido la citación.

Con los cuatro nuevos imputados que se han negado a declarar este jueves, son ya 15 las personas que se han acogido a su derecho de los 25 imputados cuya declaración había sido fijada para esta semana, aunque tres ya están citados para el 5 de junio.