El decanato de los juzgados de Sevilla habilitó ayer un antiguo despacho del juez Iván Escalera, que durante unos meses sustituyó a Alaya, para utilizarlo como almacén de los documentos que la Junta ha entregado en relación con las ayudas de 49,5 millones de euros concedidas a la Fundación Andaluz Fondo de Formación y Empleo (Faffe), cuya investigación ha recaído también en esta juez.  

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) recogieron ayer en la Dirección General de Formación de la Junta diversa documentación relacionada con estos cursos en dos jefaturas: Consorcio y Formación Continua, y Formación Ocupacional. Se trata de la octava macrocausa que instruye Alaya, que ha investigado dos grandes procedimientos relacionados con Mercasevilla, el caso de los ERE fraudulentos, el del delito societario que se imputa a Manuel Ruiz de Lopera, la denominada operación Madeja, la relacionada con las ayudas de IDEA y otra con los cursos de formación gestionados por el conseguidor Juan Lanzas.