La Asociación de la Prensa de Sevilla remitió ayer un escrito a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que muestra su "protesta" ante el trato que la juez Mercedes Alaya dispensó el pasado martes a un periodista del diario La Razón que cubría la información sobre la causa de los ERE y al que ordenó retener el móvil porque pensaba que estaba haciendo una grabación ilegal.

La APS subraya que el incidente tuvo lugar sobre las 14:30 cuando la juez ordenó a la Guardia Civil retener el teléfono móvil de este redactor. El terminal estaba apagado y se estaba cargando en un enchufe próximo a la puerta del despacho de su señoría. "La magistrada interpretó erróneamente que el dispositivo estaba grabando lo que ocurría dentro de su despacho, a pesar de que lo tuvo en su mano y pudo comprobar que el terminal seguía apagado", añade la asociación, que subraya que "sin siquiera atender las explicaciones del periodista, la juez fue a buscar a un agente de la Guardia Civil, quien retuvo el móvil e invitó al periodista a que lo acompañara hasta el juzgado de guardia. En estas dependencias, una vez cargado el teléfono, el agente pudo verificar que no se había realizado ninguna grabación, tal y como se había afanado el periodista en ponerle de manifiesto". Aun así, los datos del periodista y su DNI quedaron a disposición de la Guardia Civil.

La APS tilda de "desproporcionada" la reacción de la juez y recuerda que los periodistas lo único que intentan cuando acuden a los juzgados "es hacer su trabajo con dignidad". "Lo que nos parece más grave de esta actitud es el hecho de que la instructora atribuyera la comisión de un posible delito al informador, al sospechar que estaba grabando las conversaciones de una magistrada con terceras personas", concluye la APS.