La ayuda a la dependencia continuará prestándose en Sevilla. Así lo garantizó este martes Juan Ignacio Zoido después de que el Ayuntamiento jiennense amagara con anular este servicio ante los impagos de la Junta, que en el caso de la capital andaluza superan los 16 millones de euros. Esta deuda ha obligado a realizar un esfuerzo económico al gobierno local, que denuncia el incumplimiento por parte del Ejecutivo andaluz del convenio firmado en su día para el desarrollo de dicho programa, según el cual las cantidades se abonarían al principio de cada semestre. A estas alturas del año aún no se han ingresado las partidas correspondientes. 

Los servicios sociales están en números rojos. Así se desprende de las denuncias presentadas por diversos ayuntamientos estos días. El primero en dar la voz de alarma ha sido el de Jaén, donde la continuidad de la ayuda a la dependencia pende de un hilo. En la capital andaluza se mantendrá después de que el alcalde asegurara este martes que el gobierno local "prestará los servicios sociales hasta que no se pueda hacer porque la Junta no colabore con nosotros de ninguna manera". Con la declaración ponía de manifiesto la deuda contraída por la Administración regional con el Consistorio hispalense en este programa, que según fuentes municipales asciende a 16.456.352,92 euros. De dicha cantidad, 7.083.016,71 euros se encuentran incluidos en el plan de pago a proveedores del propio Ejecutivo andaluz que tampoco han sido abonados. 

Fuentes municipales apuntaron que la Junta "está pagando mal y tarde", ya que la cuantía que abona la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales -una de las carteras que dirige IU- por la hora prestada en dicha ayuda es "insuficiente", lo que obliga al Ayuntamiento a sufragar el resto del gasto. A ello se añade, según el gobierno local, el incumplimiento del convenio firmado para la puesta en marcha del programa mediante el cual la Junta se comprometía a abonar con anticipación dicho importe, que debería ingresar en las arcas municipales al inicio de cada semestre. 

Los retrasos vienen produciéndose desde la segunda mitad de 2011, situación que se agravó en 2012 y ha llegado a ser alarmante en el presente ejercicio, puesto que en las actuales fechas aún no se han ingresado las cuantías correspondientes a los dos semestres del año. Esta demora provoca, según las fuentes consultades, "grandes dificultades en la gestión del servicio". Dichos inconvenientes, sin embargo, no han impedido prestarlo, puesto que el Ayuntamiento ha pagado los 16,4 millones de facturas presentadas por el desarrollo del programa. 

Ante esta situación, el alcalde refiere que se está "reclamando" a la Junta y que no se ha llegado al "extremo" del Ayuntamiento jiennense, que ha amagado con dejar de facilitar la ayuda. "Tenemos margen para seguir prestando el servicio, aunque seguimos en contacto con la Junta". 

Precisamente la ayuda a los dependientes ha sido noticia también por la renuncia del Consistorio sevillano a 428.320,63 euros de la partida destinada a la capital andaluza para reforzar el citado servicio dentro del plan extraordinario de acción social aprobado por el Ejecutivo andaluz la pasada primavera. La decisión del PP, aprobada en la última junta de gobierno, obedece a la falta de tiempo para ejecutar el total del presupuesto para Sevilla (1.446.279,54 euros) y ante la obligación de devolver con intereses la cuantía no ejecutada antes del 31 de diciembre, fecha límite para llevar a cabo dicho refuerzo. 

El Ayuntamiento solicitó en su momento que este límite temporal se prorrogara ante la previsión de que resulta imposible atender la demanda en el periodo establecido. La petición fue denegada por la Junta, que sólo permite devolver el importe no liquidado, aunque eso sí, con intereses. Ante esta respuesta, la Unidad municipal de Trabajo Social (UTS) estimó las altas (casos que serían beneficiados por el refuerzo) hasta fin de año y el gasto correspondiente: 1.017.958,91 euros, por lo que se renuncia a la cantidad antes mencionada para evitar que luego haya que devolverla con intereses. 

Ante las críticas que ha recibido la renuncia por parte de la oposición, Zoido ha respondido que "no nos responsabilicen a nosotros, porque la Junta no nos ha permitido ejecutar el dinero al hacerlo en forma y tiempo indebido". Hasta noviembre se han registrado 741 actas, lo que ha supuesto un gasto de 352.258,91 euros. La previsión es que hasta finales de año los nuevos beneficiados sean 528 y el importe, 665.700 euros, por lo que en los dos próximos meses casi se duplicará el presupuesto de los cuatro anteriores. 

Los impagos en la ayuda a la dependencia agravan la situación de los servicios municipales de asistencia ante el recorte de las subvenciones de la Junta. Así, en los tres últimos años las ayudas para programas sociales han pasado de 9,3 a 4,9 millones, lo que supone reducir casi a la mitad los ingresos. A ello se añade la disminución en la financiación que aporta el Gobierno autonómico a la Delegación municipal de Familia y Bienestar Social, que debe ser del 45% y que este año se ha quedado en un 18,2%.