Sin una Ciudad de la Justicia para Sevilla, ni siquiera un proyecto definido aún, la Junta de Andalucía está abocada a seguir recurriendo al alquiler de edificios para sedes judiciales. Y en ese contexto resulta imprescindible la capacidad de renegociación de los alquileres que se están pagando en un momento en el que el mercado inmobiliario no atraviesa su mejor momento, lo que ha provocado la caída de los precios.

El consejero de Justicia anunció ayer que la Junta seguirá trabajando para reducir el gasto en alquileres, siempre "dentro de las exigencias de la normativa de contratación pública", pero buscando mayores ventajas para la Administración autonómica. En esta línea, apuntó que se promoverá la concentración de sedes judiciales -ya sea en un mismo edificio o en un conjunto de edificios cercanos-, y en la construcción de nuevas infraestructuras judiciales.

En el caso de Sevilla, después de más de una década hablando sobre el proyecto de Ciudad de la Justicia, la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla continúan sin ponerse de acuerdo respecto al emplazamiento del macrocomplejo que debe reunir a los órganos judiciales dispersos en la capital. Recientemente, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, remitió tres propuestas técnicas a la Consejería de Justicia para ubicar el campus judicial en el Prado de San Sebastián y con las que se lograría alcanzar una edificabilidad máxima de 220.374 metros cuadrados, acordes con las necesidades de usos judiciales que plantea la Junta.

Para alcanzar esa superficie, el proyecto municipal plantea incorporar a la Ciudad de la Justicia hasta siete edificios diferentes, de nueva planta, y torres de 12 pisos de altura.

Se trata de un proyecto que requerirá una importante inversión, que aún nadie ha cuantificado ni siquiera por aproximación, y que en el actual contexto de crisis económica plantea serias dudas sobre su viabilidad al menos a corto plazo.

De momento, la Consejería de Justicia sigue estudiando las propuestas técnicas avanzadas por el Consistorio, aunque el consejero Emilio de Llera ya ha apuntado que las alternativas a la ubicación en el barrio de Los Remedios -por la que apuesta la Junta de Andalucía después de varios vaivenes y cambios de emplazamiento en los últimos años- parecen en principio "muy difíciles", porque plantean "muchos inconvenientes".

Emilio de Llera ha asegurado que no quiere que la Ciudad de la Justicia corra la misma suerte que el proyecto de la Biblioteca Central de la Universidad de Sevilla, que la Justicia tumbó al considerar que la misma se había levantado en una zona verde incumpliendo la normativa urbanística, lo que obligó a demoler lo que ya se había construido y a devolver la zona a su estado original.

Tras un primer análisis de las propuestas municipales, la Junta considera que hay razones "urbanísticas y medioambientales" que juegan en contra de la propuesta de Zoido, y sobre todo las relacionadas con las competencias de Cultura, puesto que la zona donde se pretende levantar el campus judicial está ubicada junto a los Reales Alcázares o los jardines del Prado de San Sebastián, por lo hay que estudiar la viabilidad del proyecto. La Junta detecta otras desventajas en las alternativas municipales, relacionadas con la ausencia de indicaciones sobre el uso del subsuelo y la posibilidad de incorporar aparcamiento subterráneos. El entorno del Prado tiene actualmente un serio problema de aparcamientos que se complicaría con la reunificación de todas las sedes judiciales en este emplazamiento.

El Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, descarta que el proyecto presentado tenga ningún problema de índole urbanística. Mientras continúe la polémica sobre la Ciudad de la Justicia, la Junta tendrá que recurrir al mantenimiento de los alquileres de sedes judiciales, por muy costosos que puedan resultar.