La Junta de Andalucía gastó el año pasado un total de 5,72 millones de euros en el alquiler de edificios que actualmente albergan las distintas sedes judiciales de la capital y de la provincia de Sevilla. El importe gastado en alquileres, aunque sigue siendo importante, supone un considerable ahorro con respecto a 2012. En un año, la Consejería de Justicia e Interior ha logrado reducir en 848.818 euros el coste de estos arrendamientos, lo que representa un descenso del 13% con respecto al gasto ocasionado por estos alquileres. Así se ha pasado de los 6,57 millones que la Junta pagó en alquileres judiciales en 2012 a los 5,72 de 2013, según los datos facilitados a este periódico por la Consejería de Justicia e Interior de la Junta. Esta reducción representa además casi un tercio, en concreto el 31%, de los 2,74 millones de euros que la Junta ha ahorrado en el último año en el pago de alquileres de sedes judiciales en toda la comunidad autónoma.

Para conseguir esta reducción de los gastos, la Consejería ha renegociado la cuantía de los arrendamientos de 14 sedes judiciales ubicadas en la capital y en la provincia de Sevilla, en este caso en las localidades de Alcalá de Guadaíra, Coria del Río, Lora del Río, Sanlúcar la Mayor y Utrera. En Sevilla y provincia, Justicia dispone de 27 sedes judiciales, en su mayoría en régimen de propiedad (16 inmuebles), mientras que los once restantes se encuentran en régimen de alquiler.

La reducción en casi 850.000 euros del gasto en alquileres ha sido posible gracias al proceso de negociación que la Junta ha mantenido con los propietarios de los edificios que albergan estas sedes judiciales, cuyo coste económico ha registrado una evolución a la baja en consonancia con la realidad del mercado inmobiliario y con los precios vigentes en la actualidad, que reflejan un valor inferior al de los años precedentes.

Al ahorro ha contribuido especialmente la renovación del contrato del edificio Noga, una de las sedes más grandes en alquiler, que cuenta con 12.000 metros cuadrados y que acoge una buena parte de los juzgados de la capital, como son los 15 juzgados de lo Penal, los de los Social o los Mercantiles. El nuevo contrato del Noga se renovó el pasado año con importantes "mejoras y condiciones" y estará vigente hasta el año 2017, según explicaron las mismas fuentes, que destacaron que entre las nuevas ventajas se halla la ampliación de la oferta de superficie para uso judicial, al haberse puesto a disposición de la Junta otros 150 metros cuadrados en la planta baja.

De la misma forma, la Consejería ha renovado el contrato con los propietarios del edificio Viapol, donde hay otros 9.000 metros cuadrados destinados a uso judicial, junto a 5.000 metros cuadrados propiedad de la Administración autonómica.

La Junta cuenta con otros dos inmuebles en la capital, ubicados en los números 29 y 31 en la avenida de la Buhaira, donde están los juzgados de Menores y de Violencia sobre la Mujer, así como otras dependencias de la Fiscalía de Sevilla.

En la provincia, las sedes en alquiler están en Lora del Río, Sanlúcar la Mayor, Alcalá de Guadaíra, Utrera y Coria, mientras que los edificios de Morón de la Frontera, Lebrija, Dos Hermanas, Écija, Marchena, Estepa y Carmona son de titularidad pública. Los inmuebles de Cazalla de la Sierra y Osuna han sido cedidos para su uso por los ayuntamientos de estas localidades.

La programación de las infraestructuras judiciales ha estado marcada en los últimos años por la apuesta por el régimen de propiedad de las sedes judiciales y una progresiva disminución de los arrendamientos. El objetivo que se plantea la Consejería es propiciar mayores reducciones de los contratos de alquiler, en el marco de las prioridades fijadas por el Gobierno andaluz en los últimos años, sobre todo tras la aprobación del plan económico-financiero de reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014, que nace del compromiso para cumplir los objetivos establecidos por el Gobierno central en materia de estabilidad presupuestaria y control del déficit para todas las administraciones públicas.