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Sevilla

Vecinos de La Renfe "disgustados" por la ralentización de los informes

  • Anuncian que presionarán a los responsables municipales para que acepten una reunión en la que se defina el futuro de sus viviendas.

Los vecinos de la barriada sevillana de la Renfe afectados por los daños provocados por las obras del parking que está construyendo en la zona la Universidad de Sevilla se han manifestado "muy disgustados" y han anunciado que emprenderán medidas de presión para reunirse con los responsables municipales por la ralentización que consideran están sufriendo los informes y estudios necesarios para definir las actuaciones futuras respecto a sus viviendas.

El presidente de la asociación de vecinos Barqueta-Renfe, Bernabé García, indicó  que desde que a mediados del pasado mes de junio se produjera el incidente que obligó al desalojo y posterior realojamiento de las familias más cercanas a las obras del parking, al aparecer grietas en sus domicilios y ante el riesgo de desplome de una grúa, "no sabemos nada".

"No me vale que me digan que agosto es inhábil, nos dijeron que en seis meses todo estaría resuelto pero aún no hay nada concreto ni claro", lamentó García, que incidió en que solicitará a la administración que se aceleren los trámites, señalando al respecto que "si para esto están tardando tanto, quizás si se hubiesen ralentizado lo mismo a la hora de conceder los permisos de obras no habría pasado esto". 

El portavoz de la asociación añadió que, sin perjuicio de que al principio los residentes diesen su visto bueno a la metodología aplicada, "que a mediados de agosto sigamos sin saber nada y se nos remita a septiembre ya pasa de castaño oscuro". Por ello, agregó, "queremos que bajo la circunstancia que sea los pisos se rehabiliten para que puedan volver".

García reiteró que los residentes "no son culpables, sino víctimas de actuaciones negligentes por parte de quien sea". En este sentido, ya pidió recientemente la certificación por escrito de la asunción de responsabilidades por la inexistencia de documentación al respecto, dado el temor de estas familias ante la necesidad de reparar perjuicios que han valorado en una cantidad que ronda los 30 millones de euros, aunque señaló que "hasta ahora no ha habido problemas".

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