LA semana ha traído, al menos, tres cuestiones llamativas en el ámbito económico. Una es el control de los presupuestos de las comunidades autónomas por parte del gobierno central, que ha puesto de relieve cinco principios: el primero, que las autonomías tienen, como tales, la responsabilidad de elaborar sus presupuestos, determinar cuáles van a ser sus ingresos y sus gastos, y cómo se reparten. Dicho esto, el segundo principio es, como repetidamente recuerda el Tribunal Constitucional, que "corresponde a la administración central garantizar el equilibrio económico general de la economía española y las comunidades autónomas han de acomodar su actividad financiera a las medidas que adopte el Estado". El tercer principio se refiere a la forma en que se ejerce ese control, siempre a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están las comunidades autónomas, ahora con mayoría del Partido Popular, y que puede pedir informes y establecer no sólo un límite general (0,4% de déficit sobre el producto bruto, y el 60% de deuda), sino específicos. El cuarto principio es que las comunidades no deben frenar su actividad e incumplir compromisos de pagos, y tienen que mantener los servicios esenciales de educación y sanidad que son su responsabilidad, y para ello el gobierno central tiene que facilitarles financiación con plazos, garantías, y una vuelta paulatina al equilibrio. No puede debilitarse aún más el pulso de la economía con un programa drástico de recortes. Y el quinto principio, en relación a los anteriores, es que debe concretarse la responsabilidad en la lucha contra conductas fraudulentas e inapropiadas. Las autonomías, sean comunidades regionales o entes locales, basan sus derechos en la ley, pero encuentran legitimidad sólo en sus conductas. El intento de desacreditar a las autonomías y dar más importancia a la administración local exige meter en la discusión temas como el urbanismo de los últimos años, o la duplicidad de actuaciones (lo que se conoce como actividades impropias).

La segunda noticia de la semana ha sido la falta de acuerdo entre patronal y sindicatos sobre reformas laborales. Una vez más la decisión está en manos de un gobierno, y no puede tomar partido abiertamente ni por unos ni otros. Tendrá que hacer aquello sobre lo que existe más consenso: reducir los tipos de contratos, regular el contrato de aprendizaje, permitir flexibilidad para una organización más eficaz de la empresa, y dejar cierto margen a las empresas para que adapten los convenios de sector. En cuanto a un contrato con menor indemnización por despido, puede establecerlo por un período fijo (como ha hecho con las subidas de impuestos), por razones de crisis.

Para el último tema, las rebajas de calificación crediticia, o rating, a países, no dispongo de espacio; por otra parte, tampoco tienen hoy día tanta importancia, y el hecho de que no quede prácticamente ya economías con la máxima calificación desvirtúa su sentido. Los inversores tendrán que acostumbrarse a basar sus decisiones en sus propios análisis, no en los de las agencias, cosa que nunca debían haber dejado de hacer.