Editorial

Después de la imputación

LA posición de la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha quedado seriamente cuestionada tras su imputación en el caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, decidida por la juez instructora y ratificada por la Audiencia de Sevilla. La imputación se refiere a su etapa como consejera de Economía y Hacienda del Gobierno andaluz cuando se puso en marcha el mecanismo de financiación de las ayudas a empresas en crisis que, por su falta de adecuación al procedimiento administrativo, dio origen al fraude millonario en las subvenciones con fondos públicos. Aunque la imputación no significa en sí misma la atribución de responsabilidad penal por los presuntos delitos de prevaricación y malversación, sino indicios serios de la misma, y aunque los partidos políticos se pronuncian con evidente sectarismo con respecto a sus propios imputados y a los ajenos, es un hecho que el Banco Europeo de Inversiones mantiene un riguroso código ético acerca de sus directivos y que la ex ministra representa a España en la cúpula de dicho organismo, que por cierto ha ayudado de manera notable con sus fondos a la construcción de infraestructuras públicas, de manera que presenta una especial sensibilidad con la gestión que cualquier político haga con dichos fondos. Es por eso que la situación personal de Magdalena Álvarez se ha convertido en insostenible. Incluso dentro de su partido, el PSOE, aunque se defiende su continuidad en tono menor, no son pocos los que consideran que debe ser ella quien presente la dimisión como vicepresidenta del BEI antes de que este organismo decida su cese, dejándola en una posición más desairada, precisamente cuando empieza una campaña electoral en la que los socialistas se juegan mucho. Tampoco le ayuda la coincidencia temporal de su auto de imputación con las investigaciones judiciales y penales que se están realizando sobre supuestas irregularidades en otra de sus etapas en el servicio público (la construcción del trazado del AVE Madrid-Barcelona, siendo ella ministra de Fomento). También entonces, como en el caso de los ERE, Álvarez hizo gala de prepotencia ante los informes del propio servicio de inspección de su Ministerio que advertían de los sobrecostes que se estaban pagando por algunos tramos de la vía y solicitaban su paralización. Decretó que continuaran las obras a pesar de todo. Son lunares en su actuación como gestora pública que ahora le pasan factura. Debería dimitir del puesto más importante que mantiene España en la órbita internacional para defender su inocencia sin perjudicar a nuestro país ni a su partido.

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