LA Conferencia Política celebrada por el PSOE el pasado fin de semana acordó, en su pregonado giro a la izquierda, que cuando regrese al poder garantizará por ley el pago de los suministros de agua, electricidad y gas a los españoles en riesgo de exclusión social. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, que gobierna la comunidad autónoma en coalición con el PSOE andaluz, le ha cogido la palabra y ayer anunció que el Gobierno regional prepara un decreto ley para hacerse cargo de los suministros mínimos vitales (agua y parte de la luz) de las familias más pobres, identificadas como aquellas que perciben el llamado ingreso mínimo de solidaridad (salario social), alrededor de cincuenta mil actualmente. La iniciativa de Izquierda Unida es, pues, políticamente oportuna tras la conferencia socialista, pero viene a añadir un elemento de tensión entre los dos partidos que forman parte del Ejecutivo autonómico, que acaban de pactar con serias dificultades el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2014 y que precisamente ayer rechazaron la enmienda a la totalidad formulada por el PP. Aparte de arrogarse la bandera de la defensa de los más necesitados, la coalición izquierdista fuerza al PSOE de Susana Díaz a convertir en realidad, a nivel andaluz, lo que el domingo último era una mera promesa a largo plazo a nivel nacional. Por otra parte, con su iniciativa unilateral, Valderas ha reabierto el debate presupuestario, ya que los 20 millones de euros que, según sus cálculos, costaría la puesta en marcha de la medida, habrán de ser detraídos de otras partidas de carácter social contenidas en el fondo de solidaridad de la Junta o, en su defecto, tendrán que cubrirse a través de la subida de algún impuesto o la creación de uno nuevo. Las dos posibilidades de incrementar la presión fiscal han sido expresamente rechazadas por la presidenta Díaz, siendo doctrina oficial de los socialistas andaluces que en la actual coyuntura hace falta incentivar el consumo y, en consecuencia, aumentar la renta disponible de las familias en vez de seguir agravando la ya fuerte fiscalidad que se impone a la sociedad andaluza. Las relaciones entre PSOE e IU, que con algunos vaivenes han asegurado la estabilidad institucional a la que se comprometieron desde el primer momento los dos socios de gobierno, vuelven a tensarse por la acción de los dirigentes de Izquierda Unida, deudores de los planteamientos de sus bases y conscientes de que es en el ámbito de la política social donde disputa los votos al Partido Socialista. Valderas ha puesto en un compromiso al PSOE andaluz con este órdago que ha colocado en el terreno, muy querido, de la solidaridad social.