EN torno al Estatuto de Cataluña se han producido, y por desgracia aún se siguen produciendo, un cúmulo de irresponsabilidades que han colocado a la sociedad española en una especie de callejón con una estrecha y difícil salida. Precisemos de partida que la atribución de esta serie de evidentes negligencias se reparte por igual entre toda la clase política. Posiblemente la mayor corresponde al partido que gobierna en el conjunto del Estado, si bien el que representa a la oposición mayoritaria ha demostrado asimismo una falta completa de prudencia política.

La situación me parece en este momento tremendamente delicada desde el punto de vista de la estabilidad de nuestro sistema político y constitucional. Las múltiples manifestaciones que ha concitado en Cataluña el aviso de una posible sentencia del Tribunal Constitucional contraria a la validez de su Estatuto de Autonomía suponen un aviso sobre las consecuencias imprevisibles que pueden producirse en un futuro inmediato. Después de tanta presión mediática y social va ser casi imposible regresar a la cordura con argumentos que apelen a lo razonable.

Las cosas podrían haber transcurrido de forma muy diferente si nuestros representantes políticos, en los diferentes parlamentos -estatal y autonómicos (lo señalo en plural para incluir también al andaluz)- hubiesen actuado con el sentido común que exige el interés general, y no el puro y simple interés de partido. La experiencia previa ofrecía unos indicadores muy claros de cómo había que actuar.

Los pactos autonómicos que habían servido en décadas anteriores para construir el Estado autonómico dejaban en evidencia que no se podía intentar una reforma de ese modelo territorial sin contar con el partido que representa a la otra mitad de los españoles. Y sin embargo, se impulsó -irresponsablemente- por parte del Partido Socialista, tanto en el Parlamento catalán como en las Cortes Generales, un proyecto incierto que sólo podía salir adelante con operaciones aritméticas que daban unas mayorías no suficientemente representativas, y por tanto, tampoco legítimas del todo en el conjunto del Estado.

Pero el Partido Popular ha evidenciado también esa falta absoluta de coherencia cuando impugnaba en el Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña lo que consensuaba en gran medida para aprobar el Estatuto andaluz. Compárense si no los preceptos de ambas normas para reconocer la tremenda -e irreponsable- hipocresía política de una oposición preocupada sólo de mantener el tipo frente a una parte de su fiel electorado.

Sobre la clase política catalana se puede sostener igualmente una valoración poco positiva; en especial cuando parece estar mirando ya más a los réditos electorales de los próximos comicios autonómicos que a las consecuencias posteriores tras esa revuelta -pacífica al menos- contra el Tribunal Constitucional.

Sobre este último pesa una losa muy pesada que resultará muy complejo levantar. El juego de quinielas, entre magistrados conservadores y progresistas, además de los que antes lo eran pero ahora se inclinan por defender lo contrario, haciendo gala de personalismos imprudentes, pone de manifiesto una, también, falta de responsabilidad institucional. El dilema es ciertamente complejo: o se pliega al actual estrés político y rechaza el recurso contra el Estatuto catalán, o bien lo estima de plano sin una mayoría interna clara y rotunda. En cualquiera de esos supuestos, la pérdida de legitimidad está garantizada por anticipado; aunque no tanto por lo que señalan algunos desde el púlpito académico, si no por la actitud egocéntrica de los propios magistrados del tribunal, al encerrar en una especie de burbuja de teórica asepsia ideológica un problema político real, para el que estoy convencido existen, sin embargo, soluciones jurídicas.

En efecto, la Constitución es lo suficientemente ambigua como para forzar una interpretación de las leyes, conforme al espíritu y los principios de solidaridad e igualdad que la fundamentan. Y no se olvide que un Estatuto es, en un Estado de Derecho, una ley; con un componente de pacto político y una función constitucional indudables, pero sin la naturaleza superior que sólo tiene la Constitución de un Estado que no surgió de ningún pacto de federativo, sino del consenso hoy perdido y, esperemos, que mañana nuevamente recobrado. Ya se logró en el proceso de creación de Andalucía como comunidad autónoma, forzando incluso la norma fundamental para eludir una frustración social mayoritaria. Hoy es más precisa que nunca la necesidad de que nuestra clase política se siente a pensar, y a analizar con el contrario, la conveniencia de alcanzar un acuerdo que permita al fin aprobar la asignatura pendiente que no resolvió del todo la transición democrática.