La tribuna

Ana M. Carmona Contreras

La Reina: error incomprensible

LA publicación de un libro en el que se reproducen diversas opiniones de la Reina en relación con asuntos de indudable trascendencia ha situado a la institución monárquica en una delicada posición ante la ciudadanía. El hecho es que la abierta toma de posición manifestada por doña Sofía en temas tan peliagudos -y que tanta polémica suscitan en nuestra sociedad- como la eutanasia (rechazándola), el matrimonio homosexual (negando que la unión entre personas de un mismo sexo pueda calificarse de tal manera) o la enseñanza religiosa en la escuela pública (preconizando la necesidad de que dicha materia se imparta en la misma) constituye un asunto en absoluto irrelevante desde una perspectiva institucional.

Circunscribir la cuestión, como pretende el comunicado emitido por la Casa Real, al ámbito privado en el que tales declaraciones se produjeron resulta completamente equivocado. Y es así porque, en tanto que ciudadana de a pie, las opiniones de Sofía de Grecia no es que tengan más o menos valor que la manifestada por cualquier otro individuo. El caso es que, como sujeto privado, sus creencias personales resultan, desde un punto de vista institucional, absolutamente intrascendentes. Desde tal perspectiva, lo que se espera del Rey en tanto que Jefe del Estado, pero también de su familia -en tanto que individuos que mantienen una relación personal cualificada con el mismo- es que cumplan con la función atribuida por la Constitución: esencialmente, ser símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Por lo tanto, han de mantener una actitud de máxima neutralidad que permita situarlos por encima de las diatribas ideológicas y de la confrontación política.

Precisamente por tal razón, en aras de la preservación de un ámbito inmune a las preferencias personales, no sólo el Rey sino también su familia, a pesar de que son titulares de derechos fundamentales de contenido político e ideológico, en la práctica, renuncian a su ejercicio. Así se justifica que no voten en las elecciones, no militen en partidos políticos o no manifiesten su credo ideológico.

No hay que perder de vista que el cumplimiento de tales exigencias, lejos de configurarse como un mero desiderátum libremente disponible por los afectados, se afirma como un requisito sine qua non para la supervivencia de una institución completamente obsoleta desde una perspectiva democrática (¿cómo explicar que, por el hecho de pertenecer a una determinada familia, una persona ocupe la jefatura del Estado?) y que sólo ha sobrevivido allí donde ha sido despojada de todo poder político. Así pues, reducida su función a lo meramente simbólico resulta indispensable, si no suprimirla como impondría la aplicación consecuente de la igualdad, al menos que se adecue a las exigencias deducidas de su actual configuración.

Formulado tal diagnóstico crítico, inmediatamente a continuación hemos de manifestar que en un país como España, tan poco dado a respetar las instituciones, resulta incontestable que precisamente la Monarquía es la que alcanza un mayor consenso social en torno a sí. La trayectoria del Rey, ajustando sus actuaciones a los dictados constitucionales y cumpliendo exquisitamente con sus funciones, se encuentra en la base de tal percepción. A partir de tal constatación, resulta incomprensible que la Casa Real haya autorizado la publicación de un libro, cuyo contenido es a todas luces inconveniente desde la perspectiva de la corrección institucional, identificando sin ambages a la Reina con una concreta adscripción ideológica. Incurrir en semejante error de bulto no está a la altura institucional de Su Majestad, calificada en multitud de ocasiones por el Rey como "una profesional" del trono (¿Se imagina el lector la repercusión que hubieran tenido unas declaraciones similares puestas en boca de doña Letizia?).

Asimismo, la envergadura del desliz cometido tampoco casa con la diligencia y profesionalidad que cabe no sólo presuponer sino también exigir a los asesores de doña Sofía. En este caso, la aptitud para desempeñar adecuadamente el ejercicio de sus funciones ha quedado claramente en entredicho. Tal consecuencia se deriva tanto del hecho de que el libro de la discordia haya sido publicado sino, asimismo, del contenido del comunicado emitido por el Palacio de la Zarzuela con motivo del mismo. En esta tesitura, la Reina se enfrenta a la tarea de recuperar una imagen institucionalmente neutra en la que sus creencias personales (por cierto, muy legítimas, esa no es la cuestión que aquí se plantea) queden relegadas, como había sucedido hasta ahora y como debe ser, a la invisibilidad.

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