JOSÉ Antonio Griñán ha anunciado una gran reforma de la Administración autonómica, que se debe traducir en una Junta de Andalucía más ágil, más austera y más cercana a los ciudadanos, esto es, más descentralizada. Hasta el momento, sólo conocemos algunos elementos del proyecto reformador y algo del calendario. Será a lo largo de esta legislatura cuando se aprueben las dos leyes de transferencia de competencias y de fondos a los ayuntamientos y, al final de ésta, cuando se envíe al Parlamento la norma que regulará la nueva ordenación autonómica, la que se supone que concentrará en las provincias mayor capacidad de gestión. Griñán también ha prometido austeridad: a medida que vaya transfiriendo gestiones tanto a los municipios como a las delegaciones provinciales, deberá ir adelgazando los servicios centrales de la Junta; de no ser así, sólo conseguirá duplicar el gasto y añadir elementos de confusión sobre los actores de las competencias. Cuando compuso su nuevo Gobierno, el presidente dejó escapar la oportunidad de recortar el número de consejerías, tal como sí han hecho los presidentes autonómicos gallegos y vascos. Las razones esgrimidas por Griñán para posponer esta medida son dos. Él ha llegado cuando la legislatura ya llevaba un año de andadura y cuando el presupuesto de 2009 estaba aprobado. Sin embargo, no es la primera vez que un presidente de Gobierno -en España, por ejemplo- reordena el organigrama del Ejecutivo y varía el número de ministerios en mitad de legislatura. Sin embargo, Griñán quiere ligar esta reducción de consejerías a las transferencias de descentralización, de ahí que habrá que esperar al final de la legislatura para ver cómo acomete esta reforma. Ése es su compromiso. Lo que sí puede ir ejecutando ya es la reducción de altos cargos y la profesionalización de algunos de estos puestos. Se espera que, a lo largo de las próximas semanas, los consejeros y consejeras presenten los decretos de estructura de sus departamentos, y que éstos entrañen una reducción del número de direcciones generales. De ser así, el proyecto reformador de Griñán subiría un escalón de credibilidad, más allá de lo que fue su anuncio en el discurso de investidura. Sería conveniente también que la Junta introdujera nuevas fórmulas de gestión, caso de las empresas públicas con gestión privada, que agilizan la gestión al liberarlas de las pesadas formas de hacer del funcionariado.