EL jueves, un amigo me hace reír explicándome que hay dos trabajos deseables como ningunos otros. El primero, el de miembro de la Comisión de Evaluación del COI que, a la postre, decidirá nada menos que sobre quién organizará los Juegos Olímpicos de 2012: un sensacional y transitorio universo económico por otorgar. La comisión acaba de estar por aquí, dejándose querer en Madrid. Qué hartura de todo lo bueno tienen que tener esos señores: comienzan su evaluadora labor con tres agujeros menos en el cinturón, y eso que también -es de suponer- desgastan lo suyo físicamente en reuniones de sobremesa y a altas horas de la madrugada. Y encima, todo el mundo dándoles coba. El segundo, el de parlamentario europeo. Gris menester, de acuerdo, pero con un ratio de rentabilidad extraordinario, tanto por la vía de las percepciones salariales como de la extrasalariales. Luchando en el backoffice por la Europa común, lejos de la familia, alojado/a en un hotel tan lujoso como soso, con una oficina propia a la que dar vida, con una paguita apañada que incluye un derecho a pensión sin problema de sostenibilidad alguno, almorzando en restaurantes repletos de eurócratas como uno mismo, rellenando formularios de dietas y gastos, viajando a Vilnus o a Sophia para ineludibles labores de cohesión y networking. También tiene sus ventajas el ser parlamentario europeo, sin embargo: son invisibles para el gran público, para un público que queda muy lejos de Bruselas o Estrasburgo. Nadie los interpela ni los insulta por la calle, nadie los conoce. Todo lo contrario que aquí: a medida que la tasa de desempleo sube -acelerando o desacelerando, pero corriendo-, más riesgo de tragantada corren los políticos.

Ah, aquellos tiempos de bonanza y recreo. Esta semana, el problematizado ministro de Trabajo, Corbacho, ha aceptado como "un escenario posible" una España con un parado de cada cinco españoles en edad y con ganas de trabajar. Hace no más de un año, la cifra de cuatro millones de parados era considerada como la dinamita de la paz social: bien, ya están aquí nuestros poltergeist laborales. The Economist -que ha atinado en sus previsiones sobre España como nadie desde hace años: si las hemerotecas hablaran más alto...- nos ha recordado esta semana que nuestra tasa de desempleo es la más alta de la Unión Europea, y el doble que la media europea. También en esta semana, nuestro Ejecutivo admite como posible el 20% de paro a la vuelta de un año. Y el fabuloso Plan E del Gobierno (cuya primera dotación es de 8.000 millones de euros, un esfuerzo fiscal del Estado sin parangón en Europa) sólo ha conseguido, de momento, desacelerar el ritmo de destrucción del empleo. ¿Cuántos planes de este calibre serían necesarios para apuntalar el empleo, la recaudación por IRPF y las cotizaciones sociales?¿Hacemos un pan con unas tortas? Los españoles nos encontramos ante una disyuntiva, con una creciente -y previsible- polarización ante a las alternativas: o apostamos por el gasto público y su efecto de arrastre (postura del Gobierno en la que se incardina el Plan E), o apostamos por la reforma estructural, lo que básicamente implica de manera inmediata el abaratamiento del despido y la mayor facilidad para despedir. A este último bando se suma cada vez más gente. El PP concita en mayor manera que el PSOE esta opción, pero sólo lo admite públicamente de manera tímida. He aquí el dilema: creemos y confiamos en el estado tutelar y capaz de intervenir en la crisis, o confiamos a unos mecanismos de mercado más libres la creación de empleo. The Economist, por ejemplo, afirma que "España tendrá que afrontar ahora el sacrificio que debió hacer cuando las cosas iban bien". Nuestra fuerza de trabajo se polariza también: trabajadores muy seguros que provocan la inseguridad de los otros, los precarios, eliminables con un plumero. En este preciso momento, las agencias escupen la previsión de Cajasol: Andalucía puede acabar el año con un 30% de paro. El COI, Bruselas y sus premiados quedan lejos de estas fatalidades.